El Gobierno anunció que resolvió "suspender nuevas actuaciones" relativas al Canal Martín García hasta tanto el Gobierno uruguayo "se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas sobre la regularidad de los procedimientos", expresadas por el Tribunal de Cuentas del vecino país.
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Así lo informó la Cancillería en un comunicado, en el que destacó que "es importante permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del Gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría".
La cartera que conduce el canciller Héctor Timerman remarcó además que el canal Martín García es un emprendimiento a cargo de la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es un organismo binacional "cuyas acciones siempre se decidieron de común acuerdo", y subrayó que la decisión es tomada "ante la situación de duda planteada por uno de los socios, basadas según los auditores uruguayos en ´información reservada´ y a la cual el otro socio (Argentina) no ha tenido acceso".
Finalmente, la Cancillería subrayó que "el Tribunal de Cuentas en su trabajo contradice lo expresado por el canciller Luis Almagro el 12 de junio en la Honorable Cámara de Senadores del Uruguay", cuando afirmó que "tal como ha señalado el señor Embajador Bustillo, no hay en ellas nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva -ni siquiera en grado de tentativa- por parte de los funcionarios argentinos".
Una auditoria realizada por un tribunal uruguayo evaluó que hay "dudas" sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de mantenimiento del dragado del canal binacional Martín García, según un informe difundido por la cancillería uruguaya.
El Tribunal de Cuentas (TCR), órgano fiscalizador del país, indicó además que Uruguay debe evaluar la posibilidad de denunciar el caso en la Justicia.
Según un cable de la agencia AFP, el tribunal había sido convocado en mayo por la cancillería uruguaya, tras versiones del diario El Observador sobre supuestos hechos de corrupción en la extensión del contrato con la empresa Riovia, subsidiaria de la holandesa Boskalis International y que se ocupa del dragado desde 1996.
Sobre este punto, la Cancillería argentina desmintió a través de un comunicado que fuese el gobierno de Uruguay quien propusiese auditar los trabajos de profundización y mantenimiento del canal Martín García.
El informe del tribunal sostiene que "existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la CARP (Comisión administradora del Río de la Plata), actitud que tuvo incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovia".
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