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5 de septiembre 2006 - 00:00

Atribuyen más negocios a Moyano

La propensión del oficialismo sindical actual a invertir en propiedades agropecuarias fue consignada varias veces en Ambito Financiero. Hace un par de años se publicó una nota sobre los campos que Hugo Moyano, su mano derecha, Juan Manuel Palacios (UTA), y el segundo de Palacios, Roberto Fernández, habrían comprado en la localidad de Miguel Riglos (La Pampa). La sociedad que figura como propietaria de esas tierras es Calema SA. La misma a nombre de la cual aparece la estancia San Ignacio,de Henderson. En la sección Charlas de Quincho se reveló, hace dos meses, la presunta compra de esa propiedad por parte de Calema SA (en la que el hijo de Palacios, Gabriel Adrián, figura como socio). La operación se habría realizado por una suma superior al millón de dólares. La revista «El Federal» investigó estas operaciones y llegó a conclusiones y testimonios muy precisos. Además de fotos de esa formidable propiedad en manos de la principal cúpula gremial del país y sus familias.

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Cuando en los pequeños pueblos un rumor se esparce masivamente, adquiere el sentido de la verdad. Hace ya tiempo que en la localidad bonaerense de Henderson, a poco más de 400 kilómetros de la Capital, todos dan por sentado que hace menos de un año, recibieron a un nuevo y poderoso vecino: Hugo Moyano, el secretario general de la CGT, quien habría comprado la estancia San Ignacio. La versión es tan popular, que no es desconocida por nadie en ese pueblo. Enrique Tkacik es su intendente desde hace 11 años y cuando recibe a «El Federal» no puede menos que sonreír: «Por acá lo asegura todo el mundo, pero en verdad nadie vio al sindicalista». Sebastián García, el presidente de la Sociedad Rural, coincide con su intendente en la versión y define a San Ignacio «como una estancia que si bien está algo abandonada, fue una de las más lindas de la provincia de Buenos Aires».

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  • Fantasmas

  • El origen de la versión es desconocido, pero para saber qué hay de verdadero en ella, hay que internarse en un galimatías de sociedades anónimas, hombres huidizos y débiles certezas. Y éstas no apuntan hacia Moyano directamente, pero sí rozan a su compañero Juan Manuel Palacios -el poderoso secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)-, quien comparte con el líder camionero responsabilidades en la CGT. Palacios es secretario de prensa de la asociación gremial, y además de un ideario común, inventan las tácticas de la central obrera. Tanto es así, que para muchos «son socios indiscutidos».

    ¿Pero cómo aparece Palacios en esa saga? A través de Calema SA. Esa empresa es la que figura en el catastro de la provincia de Buenos Aires como la nueva dueña de las 380 hectáreas de San Ignacio. ¿Cómo se vincula Calema a Palacios? No hay certezas al respecto, pero sí llamativas casualidades. Calema SA (CUIT 30-65762257-1) es una empresa que desde hace al menos cinco años se especializa en la cría de ganado en la provincia de La Pampa, más precisamente en el pueblo de Miguel Riglos. Sus titulares son Gabriel Adrián Palacios, con domicilio legal en Larrea 1372 de la Capital Federal; Roberto Carlos Fernández, con domicilio en Lomas Valentina 725 de la localidad de Lanús y que figura como miembro de la UTA en la DGI; y Alicia Noemí Marcchetti, en la calle 56 de La Plata.

    Entre esos tres nombres hay dos que se vinculan a Juan Manuel Palacios. El primero de ellos es el de Roberto Carlos Fernández, quien no sería otro que el secretario adjunto de la UTA.

    «El Federal» se comunicó al 4931-3126, sede de la UTA, y quiso hablar con Adrián Palacios. «Acá él no está, el que trabaja aquí es su padre», fue la respuesta. El lunes 28 de agosto, esta revista insistió en el contacto y la réplica fue idéntica.

    Unos días antes, el jueves 24, «El Federal» logró comunicarse con Adrián Palacios, quien negó tener algún tipo de parentesco con el líder de la UTA, también evitó dar precisiones al respecto y se excusó en «cuestiones de seguridad» para no hacerlo.

    -Nos llama la atención que entre sus socios en Calema está Roberto Carlos Fernández, que es el secretario adjunto de la UTA - preguntó «El Federal».

    -¿Viste cómo es esto? Yo no puedo saber a todo lo que se dedican mis socios - respondió Gabriel Palacios, decididamente un tipo poco curioso y definitivamente poco perceptivo.

    Fernández tiene no poco protagonismo en los conflictos gremiales de los choferes y su rostro es el que sale a enfrentar las cámaras en esas circunstancias. Palacios atribuye todo a «una confusión» y a que es una persona «con el nombre equivocado». Sostuvo también que ese error le trae innumerables problemas para hacer negocios en un ambiente en donde el linaje cotiza alto.

  • La ayudita de los amigos

    Existe otra casualidad permanente que ata a Juan Manuel Palacios y a Fernández con Calema SA. En la obligada rendición de cuentas que deben realizar los partidos políticos ante la Justicia respecto de los aportes para sus campañas electorales reside esa contingencia. El Frente Movimiento Popular de Adolfo Rodríguez Saá declara que el 3 de abril de 2003 recibió 3.500 pesos de parte de Calema SA, otros 3.500 pesos de Juan Manuel Palacios, 3.500 pesos más de José María Purita -quien también es dirigente de la UTA- y 3.500 de Roberto Carlos Fernández. ¡Qué otra cosa que certezas pueden unir a esos 14.000 pesos aportados el mismo día? Que son aportes correlativos, como si en verdad provinieran de la misma organización, ya que el de Calema lleva el número 130, el de Palacios el 131, el de Purita el 132 y el de Fernández el 133. Tanto Hugo Moyano como Juan Manuel Palacios dieron su apoyo público a Adolfo Rodríguez Saá en las últimas elecciones presidenciales.

    ¡Cómo llega Gabriel Palacios o Calema a los dueños de San Ignacio? A través del martillero José Zimmermann, un hombre hipercatólico que gusta de hacer citas religiosas a cada rato. El martillero habría sido contactado por Miguel Criste, quien sería el administrador de Calema. Zimmermann conocía a la familia Naón Pirovano, quienes son los herederos de don Ignacio Pirovano y quien construyó la estancia, la que en sus buenas épocas hasta llegó a tener una capilla, además de un jardín que, según quienes lo conocieron, sólo podía compararse a la belleza de los campos de los Pereyra Iraola.

    Los cinco descendientes de Ignacio Pirovano -son sus bisnietos y todos superan los sesenta años- tenían la posesión de esas 380 hectáreas que hasta hace cuatro años sufrieron la inundación que casi borra del mapa a la localidad de Henderson. «Yo fui uno de los que querían vender, ya que el campo no era rentable por sus dimensiones, pero no pude ponerme de acuerdo con todos mis hermanos», relata el abogado Rómulo Naón. Finalmente, él y uno de sus hermanos le venden dos quintos del establecimiento a Federico Ezequiel Tagle a 2.000 dólares la hectárea, quien pasa a compartir la propiedad con los otros tres hermanos: Delia y Juan José Naón, más otro hermano del cual se desconoce el nombre.

    Finalmente, Federico Ezequiel Tagle -quien hizo un negocio fenomenal con la operación- y los otros hermanos le venden a Calema la totalidad del establecimiento a 3.000 dólares la hectárea, es decir que Palacios pagó u$s 1.140.000 para quedarse con esas tierras. La operación se concretó en un banco de la avenida Santa Fe, en la Capital Federal, y a algunos les llamó la atención que Gabriel Palacios fuera demasiado informal -aunque muy amable- y que haya elegido para pagar la opción «cash furioso». Efectivamente optó por llegar al banco con una valija cargada de billetes, en vez de elegir la sin duda más segura transferencia bancaria: una forma de hacer negocios que deja pocas pistas y lleva en sus entrañas una marca inconfundible, una auténtica marca registrada.
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