La fiscal en lo Penal Económico María Luz Rivas Diez pidió que un ex funcionario de Cancillería sea llevado a juicio oral y público en el marco de la causa por el ingreso a la Argentina de vehículos de lujo mediante franquicias diplomáticas presuntamente irregulares.
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Fuentes judiciales informaron que la fiscal pidió que el ex titular del departamento de Franquicias de Cancillería Jorge Matas sea juzgado como presunto coautor del delito de contrabando agravado por 11 hechos.
El requerimiento fue presentado ante el juez en lo Penal Económico Jorge Brugo, quien ahora corrió vista a las partes, y en los próximos días evaluará la solicitud.
Rivas Diez también requirió que, entre otros, un directivo de la concesionaria que habría vendido alguno de los vehículos de lujo, vaya a juicio.
En caso que Brugo haga lugar al requerimiento, una parte del expediente irá a juicio y otra seguirá en trámite.
En las próximas semanas el juez ya tiene fijadas varias citaciones indagatorias. Sin embargo, la causa aún está empantanada en un problema de competencia.
En las últimas semanas la Sala I de la Cámara Federal elevó el expediente a la Cámara Nacional de Casación Penal para que defina la competencia que se viene suscitando entre el juez Brugo y su colega del fuero federal Norberto Oyarbide.
En septiembre de 2008, la misma Sala de la Cámara Federal había resuelto que la causa se unifique en el juzgado a cargo de Oyarbide, al considerar que el delito de "asociación ilícita" que investigaba este magistrado, es más grave que el de "contrabando agravado" que instruye Brugo.
Sin embargo, Brugo siguió fijando indagatorias y dictando procesamientos, entre ellos al polista Adolfo Cambiaso (luego revocado por la Cámara en lo Penal Económico), al folklorista Oscar "El Chaqueño" Palavecino y al empresario Hugo Pulenta, presidente de la firma que es distribuidora oficial de Porsche en Argentina.
Es que Brugo entendió que la parte de la causa a su cargo estaba mucho más avanzada, algo con lo cual coincidió la fiscal Rivas Diez al dictaminar para que el expediente continúe en el fuero en lo Penal Económico.
La causa por los autos diplomáticos se conoció en enero de 2008, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una auditoría que confirmó irregularidades en el procedimiento de ingreso, circulación y nacionalización de autos, que entraron al país mediante franquicias diplomáticas supuestamente irregulares.
El expediente incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia atento a que en la causa estarían involucrados embajadores, pero el Alto Tribunal lo devolvió al juez Oyarbide al considerar que "no surge ningún elemento de prueba" sobre una eventual responsabilidad de algún diplomático extranjero.
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