Avanza ley que traba acceso a información

El Senado envió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de acceso a la información, que permite que cualquier ciudadano pueda acceder a la información de carácter público, e incluso a la de algunas empresas privadas. El proyecto volverá ahora con modificaciones a Diputados, debido a que el plenario de comisiones que lo analizó, agregó en los alcances de la ley a las instituciones privadas que reciben subsidios o algún otro tipo de asistencia por parte del Estado.

La que informó el despacho fue la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido acusada de trabar el acceso a la información. Por ello sostuvo, enfática, que «algunos creen, equivocados, que éste es un derecho de los medios de comunicación. Se equivocan, es el derecho de todo ciudadano a acceder a información». Puntualizó defendiéndose, que «la información pública es todo aquello que resulta de interés para la ciudadanía», sin hacer mención a los medios de difusión que han sido los que la han criticado. Aclaró también que «hemos incluido universidades y fondos fiduciarios».

El bloque del PJ contó con el apoyo de los partidos provinciales para aprobar el proyecto; aunque se dio por hecho que el texto con sus modificaciones no será aceptado en Diputados. La UCR se opuso.

Uno de los puntos resistidos por los radicales fue el artículo 8, que obliga a la presentación de un documento con carácter de declaración jurada para quien solicite la información. En él debe constar el fin para el cual se solicita, lo cual fue minimizado por la senadora santacruceña a la hora de abogar por su aprobación. En cambio, varios senadores, incluso del oficialismo, consideraron como «intimidatorio» a este artículo, en tanto que los que defendieron el proyecto argumentaron que es por una cuestión de «garantías». Este formulario por el que se solicitan los datos tendrá un plazo de 20 días hábiles para ser respondido, que podrá ser extendido hasta 35.

El articulado establece que el silencio o la inexactitud en la entrega de los datos se presume como negativa, y habilita a que el peticionante pueda acceder a vías judiciales para lograr su propósito.