Ayudar o extinguir

En apenas un año, por uno u otro motivo, la jueza María Servini de Cubría ya se cargó a tres diarios de Buenos Aires. Por una información falsa sobre el sacerdote Julio A. Grassi allanó "Clarín". Por una nota publicada de presunta evasión impositiva -atribuida como denuncia inicial al ex banquero Raúl Moneta para quedarse con la propiedad del diario-allanó ahora "La Nación". Por unas notas críticas sobre su actuación judicial le inició juicio al diario Ambito Financiero. Le van quedando cada vez menos. Agreguemos a esto que al nuevo presidente, Néstor Kirchner, no le gusta la prensa a la que aspira a circunscribir a meramente "analítica del pasado". Esto es que los medios se enteren de las decisiones del gobierno cuando ya estén consumadas y las medidas salgan en el Boletín Oficial. O sea, no querría que se informe al público cuando una medida está en discusión, que es precisamente cuando la sociedad más necesita conocer. Ordenó tal silencio a sus funcionarios, olvidando, o interpretando a su manera, el aspecto constitucional de la necesaria " difusión de los actos de gobierno". Entre la jueza Servini de Cubría y el nuevo primer mandatario, hacer periodismo en la Argentina puede llegar a ser más sacrificado que ser corresponsal de guerra en Irak en el último conflicto.

Se ha dado otro paso en Diputados para sancionar una ley que proteja del dominio extranjero a «empresas culturales», básicamente medios de difusión porque lo demás es telón de fondo. Es plausible que en el país se intente que algo importante como la difusión a la opinión pública sea manejado desde medios de capital nacional, sobre todo diarios y revistas que son la base de la información al público. Protegida no sólo en periodismo informativo y de opiniones, en gráfica y medios audiovisuales, sino también en lo cultural.

Muchos países -no necesariamente «nacionalistas» y aun los más democráticos y desarrolladosprotegen la bandera financiera de sus medios y aun la nacionalidad de sus propietarios titulares. Sería cavernario oponerse a eso en la Argentina, vistos los antecedentes internacionales.

El problema es LA FORMA que aquí se quiere emplear con este proyecto de ley -hoy de retorno al Senado-con algunas sanas modificaciones. De ser sancionada así no sólo beneficiará básicamente a un medio, «Clarín», sino que puede llevar a la extinción -en camino ya bastante avanzado-de casi toda la prensa en la Argentina.

Es fácil deducir por qué. Con esta ley se quiere prohibir que si un medio de difusión local se endeudó con el exterior y no puede pagar a sus acreedores se les impida a éstos -ilegalmentey violando toda seguridadjurídica con relación a cualquier país con democracia y justicia seria-que hagan efectiva su acreencia sobre los activos del deudor a más nivel de 30% (que es lo que se quiere permitir de capital extranjero). En teoría suena bien, pero ¿quién del exterior (o un banco extranjero aquí) le dará un crédito a un medio de difusión argentino con riesgo de perderlo (salvo 30%)? ¿Qué harán -haremos-los medios de difusión de la prensa gráfica cuyos insumos como rotativas de impresión, planchas, tintas, papel, equipos de tecnología, etc. no se producen en el país -para que les prestaran y pudieran ejecutar al incumplidory llevaría décadas tener establecimientos nacionales para «sustituir importaciones» de tal complejidad?

• Ahogo

Como todo proteccionismo excesivo y de origen político, beneficiar a uno o dos medios -«ley con apellido», como dice la legisladora Elisa Carrió- es perjudicar al resto. Aun con ese 30% permitido que puede pasar al acreedor externo, ¿qué valuación podría hacerse de un medio a largo plazo como se necesita para saldar el crédito?

Directamente no será posible conseguir créditos internacionales para empresas de prensa y difusión, o lo será sólo sobre la base de avales de otros bienes o limitados a 30%. Muy difícil que el acervo privado de quienes quieran montar una empresa gráfica pueda cubrir el costo de una rotativa importada. No olvidemos que cuestan nuevas entre 5 y 45 millones de DOLARES.

Se está terminando así de ahogar a la ya muy empobrecida prensa nacional y medios de difusión, en general, porque la aprobación de tal ley obligaría a tornar permanente lo que hoy la prensa suponía una situación temporaria por la crisis: pagar al contado toda compra externa porque no nos darán crédito. Seríamos «prensa protegida por ley» pero agonizante. Hoy los medios locales -aun los de capital extranjero que continuarán con su propiedad por anterioridad a la nueva norma-están muy mal. « Industrias gráficas» es el rubro que menos se recompuso -ocupa el último lugar-después de la devaluación. «Vivir al contado» terminaría en una obsolescencia de los equipos de producción o dejar la creación de un diario o grupo de revistas dirigidos a la opinión pública en manos sólo de grandes riquezas y corporaciones. «Clarín» en 1945, «Crónica» en 1963 o Ambito Financiero en 1976 contra los medios tradicionales existentes ya no podrán ser creados en el futuro salvo que los iniciadores sean millonarios. Obsérvese qué grado de influencia en un país tiene legislar mal sobre prensa.

Y no todo termina allí. El que actuó con inteligencia bien, con corrección administrativa, con cuidado en endeudamiento en medios de difusión gráficos o audiovisuales, terminará siendo el perjudicado: la ley se hace para el que administró mal que ahora tendrá, por el dinero que se apropió y no le podrán cobrar del extranjero, una enorme ventaja. Inclusive que puede llevarlo al monopolio total de prensa, más porque el endeudado favorecido con una «ley con apellido» es, precisamente, ya una peligrosa concentración de medios que desvirtúa la necesaria» información desde fuente « diversificada» que debe llegar en una democracia a la población. Desde Papel Prensa (Proceso militar 1976), «Canal 13» (Carlos Menem en 1989) hasta esta dádiva de no menos de 1.000 millones de DOLARES (caída de valor de deuda por traba de cobro), en estos días es enorme lo que el Estado le ha regalado a «Clarín» en perjuicio de sus competidores. Con este agregado perverso: «Clarín» no se endeudó para modernizar equipos, por ejemplo, sino para adquirir diarios (en Mendoza, a la familia Antequeda; en Córdoba, a Remonda), cables, medios audiovisuales, todo sin cuidar precios -ahora le licuan la deuda-para ahogar a más competidores y acentuar su accionar monopólico.

Como es tradición penosa en la Argentina, el que operó bien siempre termina perjudicado frente al que violó las normas.