Batlle levanta tratado de 1889

Montevideo - Mientras oficialmente el gobierno uruguayo dará una respuesta a su similar argentino, poniendo las relaciones bilaterales en una posición de conflictividad -ambos países estuvieron a punto de retirar embajadores a fines de 2003-, mayor que la mantenida hasta ahora, desde sectores de la prensa que suelen reflejar el pensamiento de los dos partidos tradicionales -Colorado y Nacional-se criticó con severidad a Néstor Kirchner y a tres ministros por haber llevado la escalada diplomática por «el caso Gelman» a los actuales extremos. El propio secretario general de la Presidencia, Raúl Lagos, se mostró sorprendido por el nivel de los dichos de Kirchner y de los Fernández, Aníbal y Alberto, responsables de las carteras de Interior y Jefatura de Gabinete, respectivamente.

Ayer, Batlle estuvo en comunicación permanente con su canciller, Didier Opertti, para dar una respuesta «clara y oportuna» a las actitudes argentinas por el reclamo de que se investigue la desaparición en Uruguay de María Claudia Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman, amigo de Kirchner y de Rafael Bielsa. Precisamente, la intervención del canciller argentino -también fue golpeado por la prensa, mientras que el embajador Hernán Patiño Mayer seguía hasta ayer de vacaciones-junto con Opertti permitió bajar el nivel del conflicto, al desistir el gobierno argentino de llevar a Batlle ante los tribunales federales.

El reclamo uruguayo será jurídico -la línea que defiende Opertti frente a otros halcones del gobierno que hurgan en el pasado estudiantil de Kirchner en La Plata-tomando como base el respeto del Derecho Internacional y los tratados vinculados. En ese punto se exhumará el tratado de 1889, aún vigente, que firmaron ambos países en Montevideo, sosteniéndose en su parte sustancial lo siguiente: «los delitos, cualquiera sea la nacionalidad del agente, de la víctima o del damnificado, se juzgan por los tribunales y se penan por las leyes de la nación en cuyo territorio se perpetran».

Con esa interpretación se les niega a los jueces argentinos -ahora a Rodolfo Canicoba Corral, pero luego de la feria judicial a Claudio Bonadío-que tengan facultad alguna para intervenir en la causa y, mucho menos, citar a Batlle como testigo a raíz de las afirmaciones del senador del Frente Amplio-Encuentro Progresista, Rafael Michelini, de que el «presidente uruguayo le habría dicho que el autor de la muerte de Irureta Goyena sería el capitán Ricardo «Conejo» Medina». La intervención de los jueces federales porteños se debió a una presentación del gobierno argentino para que se indague en Buenos Aires a ocho ex militares y miembros de las fuerzas de seguridad de Uruguay.

Opertti es un abogado expertoen Derecho Internacional que se reporta políticamente a Julio María Sanguinetti, quien suele mantener discrepancias con Batlle. Tales diferencias acrecentaron los rumores de un alejamiento del canciller y su posible reemplazo por Carlos Ramela, titular de la Comisión de la Paz que investigó el caso Gelman y asesor directo del presidente. Ramela tuvo expresiones muy duras contra Kirchner, a quien recordó su presunta relación con Montoneros. En esa línea, ayer lo atacó el conservador diario «El País», que le reprochó al argentino « querer, desde el sitial de presidente de ocasión, sacarse las ganas que no pudo satisfacer en sus juveniles tiempos de militante político ilegal», presentándolo como «un descreído en las virtudes de la democracia y el Estado de derecho».