El conflicto mapuche en el sur del país se coló esta tarde en la sesión del Senado de la Nación, en el marco del debate por la prórroga de la emergencia territorial indígena hasta el 23 de noviembre de 2025, que obtuvo finalmente media sanción con 43 votos a favor, 2 negativos y 7 abstenciones.
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La bancada de Juntos por el Cambio propuso una serie de modificaciones para poder garantizar su voto al proyecto, que fueron aceptadas por el Frente de Todos.
A pesar de esto, los senadores del radicalismo, Ernesto Martínez y Julio Martínez, votaron en contra del proyecto con el argumento de que perjudica la resolución judicial de ocupaciones ilegales de tierras en estas comunidades, mientras que otros siete legisladores de Cambiemos se abstuvieron de emitir su voto. Se trata de los senadores de PRO, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, y sus pares de bancada por el radicalismo Pamela Verasay y Oscar Castillo, así como de Roberto Basualdo, Juan Carlos Romero y la santafesina Alejandra Vucasovich.
Al presentar el proyecto como miembro informante, la senadora Nora del Valle Giménez explicó que "las comunidades indígenas en Latinoamérica sufren el despojo de los recursos naturales y el desplazamiento de sus posiciones ancestrales; sufren el problema del acceso al agua potable, la desaparición de sus lenguas y el ataque a sus sitios sagrados".
La legisladora del Frente de Todos pidió votar afirmativamente la prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras.
Además, la iniciativa dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma, una suma de 290 mil millones de pesos.
El senador de Juntos por el Cambio, Ernesto Martínez, cuestionó el proyecto al afirmar que "no se puede continuar con prórrogas que nunca terminan siendo la última" y se metió de lleno en la polémica del conflicto mapuche, al sostener que "no se puede excluir la realidad que se está viviendo en el sur del país con la actuación de la organización RAM y la posibilidad de brindar excusas a esa organización para que prosiga con su actuar terrorista".
“Hay que excluir a Rio Negro, Neuquén y Chubut y capaz que lo podría votar favorablemente, pero así voto negativamente porque ya la voté en 2013 y 2017 y siempre escuché el mismo argumento: esta vez es la última y se terminará de censar para saber quienes son los pueblos originarios y que tierras ocupan y no sigan apareciendo nuevas organizaciones que se proclaman como originaria como pasa en la Patagonia que pretenden poseer tierras”, continuó.
El senador chubutense del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, recogió el guante y pidió "extirpar la palabra terrorismo" de la Argentina. "Traiga una prueba de que hay una organización terrorista internacional en la Argentina alimentando la RAM. Hasta el día de hoy no tenemos una sola prueba", sentenció.
Además, sostuvo que a "algunos les viene muy bien en este marco electoral encontrar enemigos" y calificó de extraño que con todas las cámaras que hay en El Bolsón, aún no se haya podido identificar a ninguno de los supuestos atacantes del Club Andino Piltriquitrón.
"Al negarse a avanzar y aprobar esta ley, están negando una reparación histórica a los pueblos originarios. Bajo ningún punto de vista esta prorroga le da consentimientos a grupos que no representan a las comunidades", agregó.
Por su parte, la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, explicó que el objetivo de su bloque es “hacer una modificación que establezca que esta suspensión de los derechos procesales de los argentinos va a ser solo para los casos de que esta ocupación haya ocurrido al momento de sanción de esta ley, no después como ocurre ahora”, expresó.
El oficialista, Juan Mario Pais, le respondió que “esta ley lo único que suspende son las ejecuciones procesales o por actos administrativos del desalojo de tierras contempladas en el artículo 1, es decir aquellas tierras que son tradicionalmente ya ocupan comunidades indígenas u originarias”.
El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, consideró que "esta reparación está bien" y que en un Estado de derecho rigen la Constitución y las leyes y que esta ley "no es ningún factor de impedimento" para que la Justicia actúe en el caso de usurpaciones ilegales de tierras.
"No hay que mezclar. Hay gente que está oprimida y en la pobreza, no podemos seguir indefinidamente (con las prórrogas) pero no podemos echarle la culpa a toda la comunidad aborigen lo que hace un grupo de delincuentes", subrayó.
En representación de Juntos por el Cambio, el senador por Chaco, Víctor Zimmerman, propuso modificaciones al texto original, algunas de las cuales fueron aceptadas por el oficialismo.
La oposición proponía fijar una fecha concreta al reconocimiento de las comunidades, un tope para que no se sigan constituyendo comunidades después de aprobada la norma, para que se termine el diagnóstico y a partir de ahí diseñar políticas públicas, explicó Zimmerman. También sugirió dar "mayor participación a los gobiernos provinciales".
El Senado también aprobó por unanimidad la propuesta para crear un parque nacional en el islote Lobos, vecino a la costa sur de Río Negro, cuya sanción queda en manos de la Cámara de Diputados, informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que manifestó su beneplácito por el avance del proyecto.
A través de esta iniciativa, se acepta la cesión de jurisdicción y dominio de Río Negro la Nación y se transfieren a favor de esta todos los sectores fiscales intermareal y marino y también se transfieren un conjunto de parcelas de propiedad privada en tierra, para la creación del Parque Nacional Islote Lobos.
El sitio fue designado en 1977 como reserva provincial y su finalidad como área protegida nacional será "brindar la protección adecuada a una colonia de lobos marinos de un pelo y a los sitios de aves ubicadas en los islotes de pájaros, así como al humedal de manera integral".
El islote Lobos se encuentra en el golfo San Matías, en el departamento San Antonio, a unos 50 kilómetros de la localidad de Sierra Grande e inmediatamente al norte del balneario Playas Doradas.
La Cámara alta también convirtió en Ley el Programa Nacional para Fortalecer las Trayectorias Educativas, de autoría de la vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Victoria Morales Gorleri (Juntos por el Cambio).
Es por eso que la misión del Programa es promover acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todos los chicos de la educación obligatoria, en igualdad de condiciones.
Se implementarán estrategias socioeducativas y pedagógicas contextualizadas; con criterios y propuestas que consideren de manera integrada la dimensiones socioafectivas y cognitivas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que contemplen pautas de evaluación, acreditación y promoción y el fortalecimiento de tutorías y/o acompañamientos específicos para todos los niveles educativos.
Al cierre de la noche, la Cámara alta culminó dando media sanción, con 44 votos y de manera unánime, el proyecto Ley Nacional de Juventudes.
El texto promueve el desarrollo integral de los jóvenes de 18 a 29 años residentes en el país y su participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad.
El proyecto crea tres organismos de Promoción de Juventudes: la Secretaría Nacional de las Juventudes y el Instituto Nacional de las Juventudes, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y el Consejo Federal de las Juventudes, con la participación de integrantes de todas las provincias.
A su vez, la iniciativa contempla un presupuesto propio que alcanza al 0,02 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina, lo que se calcula para el año 2022 (cuando se prevé que entre en vigencia) en más de dos mil millones de pesos.
De acuerdo a la autora del proyecto, la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo, se pretende "ampliar y garantizar cada día más los derechos de las y los jóvenes" en Argentina.
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