El Senado otorgó ayer una «licencia especial» de diez días por matrimonio a un empleado que se unió civilmente con su pareja homosexual e instruyó a la Secretaría de Seguridad Social para que resuelva si le corresponde un subsidio por su nueva condición. La resolución del Senado está llamada a convertirse en un caso testigo por varias razones: es la primera vez que un organismo oficial del Estado nacional reconoce una licencia, y posibles beneficios sociales, por la unión de una pareja homosexual bajo el régimen establecido, por ejemplo, en la Capital Federal, pero que tenía incidencia sólo en ese ámbito.
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La decisión fue tomada por la Dirección de Personal del Senado tras el pedido hecho por Eduardo Crimi, quien solicitó licencia por diez días y, si correspondiera, el subsidio pertinente por la realización de su unión civil que se celebró el 1 de julio de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuera de que el trámite se resolvió por los canales formales, Daniel Scioli sabía que la noticia tendría impacto y por eso se preocupó el Senado en mostrar que sólo se estaba cumpliendo con el otorgamiento de un derecho.
Más interesante de analizar será el futuro de los beneficios sociales que pueden corresponderle a la pareja. Para otorgarlos se analizó legislación comparada sobre derecho social en Dinamarca, Noruega, Islandia, Cataluña -un trabajo impensado para el Senado- y algunos estados de los EE.UU. y Francia. Pero sobre todo la resolución se tomó atendiendo a la « nacionalización» de los derechos que fueron consagrados en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolviendo a favor de «la igualdad de tratamiento».
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