A más de 3 semanas de iniciado el proceso de consulta del embajador, las relaciones diplomáticas entre Argentina y Bolivia se mantienen tirantes y Ramiro Tapia continuará en La Paz. El intento de golpe de Estado en Bolivia y la posterior respuesta del Gobierno argentino, las principales diferencias entre las naciones.
Luis Arce, presidente de Bolivia, mantiene a su embajador en consulta tras los dichos de Milei acerca del intento de golpe de Estado sufrido el 26 de junio.
Bolivia lleva más de 3 semanas con su embajador, Ramiro Tapia, en consulta, tras los dichos de Javier Milei acerca del intento de golpe de Estado sucedido el pasado 26 de junio. "Se ha entrado en una situación complicada por declaraciones de la Casa Presidencial de Argentina, de verdad nos apena esa situación", detalló Celinda Sosa durante una conferencia de prensa, donde aseguraron que, por el momento, el proceso se mantendrá.
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"Estamos evaluando, nuestro embajador de Bolivia en Argentina está aquí en consulta, vamos a hacer estas evaluaciones respectivas”, ahondó Sosa. Las asperezas comenzaron cuando la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) emitió un comunicado el 30 de junio calificando de falsa la denuncia de “golpe de Estado” contra el presidente Luis Arce, en disonancia del resto de la comunidad internacional que se unió para condenar el intento de interrupción de la democracia.
Ya transcurrieron 23 días desde que Bolivia llamó a consulta a su embajador en Argentina, algo que también sucedió con España el pasado 19 de mayo. Durante una conferencia de prensa celebrada esta mañana, la Canciller Sosa aseguró que, por el momento, el proceso se mantendrá ya que están realizando las "evaluaciones respectivas de la situación".
El conflicto se inició luego del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina en referencia al intento de golpe de Estado del 30 de junio en Bolivia. En ese momento, la cancillería boliviana rechazó el comunicado del gobierno de Milei y convocó a su embajador a consultas en La Paz.
"Nosotros valoramos altamente la diplomacia, la que siempre hemos respetado. Con la Argentina llevamos una historia común en varios aspectos", detalló la canciller, quien anunció que cualquier decisión sobre el futuro de las relaciones diplomáticas será comunicada oportunamente.
Las declaraciones realizadas por el el Gobierno nacional de Argentina fueron las detonantes del llamado de consulta. El gobierno de Javier Milei desestimó, el 1ero de julio, el intento de golpe de Estado en Bolivia sucedido el 26 de junio pasado y consideró que fue una operación "fraudulenta" por parte del presidente Luis Arce: "el relato difundido era poco creíble", explicaron desde Presidencia.
Hace más de 3 semanas, soldados y vehículos militares blindados colmaron la Plaza Murillo, alrededor de edificios gubernamentales en La Paz. Los efectivos de las fuerzas militares intentaron irrumpir en el Palacio Quemado, golpeando sus puertas con uno de los tanques.
Ante lo sucedido, la administración de Javier Milei sostuvo que se trató de una "falsa denuncia de Golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia" e inmediatamente repudiaron las declaraciones de Luis Arce, presidente de Bolivia, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.
"Gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socio-político del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas", argumentaron.
Incluso, desde el entorno de Milei advirtieron que "hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro". En este sentido, desde la OPRA apuntaron a que "históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte".
Además, en el comunicado denunciaron que en Bolivia, actualmente, hay "200 presos políticos". Entre los afectados señalaron a "la exPresidente interina Jeanine Áñez Chávez y el Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca".
A modo de conclusión, la administración libertaria aseguró que "espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia" e instó a "las fuerzas políticas" de ese país a "garantizar el Estado de Derecho en su territorio".
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