El defensor del Pueblo bonaerense advirtió que no se sabe cuánto vale realmente AySA

Walter Martello cuestionó la falta de información pública sobre la valuación de la empresa, sus pasivos ambientales y el esquema tarifario antes de la adjudicación.

Privatización de AySA: el defensor del Pueblo bonaerense adviertió falta de información pública sobre valuación y pasivos.

El defensor del Pueblo adjunto general de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, cuestionó el proceso de privatización de AySA y advirtió que, pese a que ya se conocieron las ofertas por el 90% de la compañía, los usuarios siguen sin conocer información que considera central para evaluar la operación.

El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó una oferta de u$s340,2 millones, por encima de los u$s285 millones ofrecidos por Roggio. Sin embargo, Martello puso el foco en que ambas propuestas quedaron por debajo de los u$s450 millones que, según señaló, estimaba el Ministerio de Economía.

Para el funcionario, el problema no pasa solo por el monto ofertado sino por la falta de acceso a la información previa. "Ya tiene precio una empresa que presta servicio a 14 millones de personas, pero ese precio se fijó sin que los usuarios supieran qué se estaba vendiendo", cuestionó.

Martello reclamó que se publiquen la valuación y las tarifas

El defensor adjunto aseguró que durante todo el proceso intentaron conocer cuánto valía AySA y cuál era su pasivo ambiental, pero no pudieron acceder a esa documentación. Según explicó, la valuación del paquete accionario no fue difundida públicamente y el Data Room quedó reservado para los oferentes privados.

Martello sostuvo que esa información fue solicitada mediante la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y que, ante la falta de respuestas, acudieron a la Justicia Federal con un amparo colectivo. "Los usuarios, que son quienes van a pagar el servicio durante los próximos 30 años, siguen sin acceso a esos datos", afirmó.

También planteó dudas sobre los ingresos futuros que podría recibir el eventual adjudicatario. Según señaló, el grupo ganador espera una nueva categorización de usuarios por zonas que, de acuerdo con información del ERAS, podría generarle u$s93 millones adicionales por año.

"Quien compra ya sabe qué ingresos adicionales le esperan. Quien paga la factura todavía no sabe cuánto va a pagar", sostuvo Martello, quien reclamó que el esquema tarifario sea conocido antes de la firma del contrato.

El funcionario también puso el foco en la composición del consorcio. Indicó que Rowing integra el holding Equo Capital, presidido por Walter Román, y señaló que dos empresas del mismo grupo, Direct Group y Lógico, realizaron aportes de $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025. Sobre ese punto, consideró que corresponde determinar si esas contribuciones se ajustaron a la normativa vigente.

Además, mencionó la participación de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, proveedor de AySA desde 2009 y también vinculado al control de Edenor. Martello remarcó que AySA es uno de los principales consumidores de electricidad del AMBA y planteó que, de concretarse la adjudicación, un mismo grupo quedaría involucrado en ambos lados de esa relación comercial.

La adjudicación definitiva todavía debe pasar por la revisión de la Comisión de Evaluación. Para Martello, esa instancia debería servir para transparentar la información que aún permanece reservada.

"El agua es un derecho humano y un servicio esencial. Su traspaso a manos privadas exige las máximas garantías de transparencia", afirmó. Y concluyó que antes de cerrar la operación deberían publicarse la valuación de la empresa, el inventario de pasivos ambientales y el esquema tarifario que regirá para los usuarios.