El titular de la ANSES, Diego Bossio, se presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia, en una audiencia privada, para ampliar los términos de un informe expuesto el pasado 10 de agosto, el cual exhibía el estado económico del organismo previsional.
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Bossio aseguró a los jueces de la Corte que el organismo que conduce cuenta con fondos para liquidar sentencias jubilatorias -al igual que en agosto- , aunque advirtió que el sistema previsional quebraría si se generalizara el fallo Badaro. Así lo aseguraron a la agencia NA fuentes de la Corte y del Anses, que además indicaron que el máximo tribunal y el organismo previsional coincidieron en la necesidad de agilizar los pagos de sentencias y acordaron evitar fallos con errores técnicos, especialmente en los fueros provinciales.
Antes de asistir el organismo envió un comunicado donde se aclaraba que el funcionario iba a informar "para qué fines se utilizan los fondos que administra la ANSES, dando, de esta manera y dentro de los plazos procesales establecidos, al requerimiento efectuado por la Corte Suprema de Justicia".
"En el informe presentado en agosto se había brindado respuesta a cada uno de los ítems requeridos por el Máximo Tribunal. Se formularon una serie de observaciones que permitieron contextualizar el alcance de la información solicitada y explicar la necesidad de mantener la sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino", continúa el comunicado.
Además se supo que Bossio advirtió que la generalización de los fallos Badaro y Eliff -que autorizaron el pago del 82%- implicaría una erogación de más de 55.000 millones de pesos anuales, algo que según el funcionario "atentaría contra el conjunto de los casi seis millones de jubilados" argentinos.
Ante preguntas de los jueces de la Corte, el funcionario aseguró que todo el dinero que ingresa a la ANSeS "se gasta" en prestaciones. Bossio se refirió a la alta litigiosidad que afecta al fuero de la Seguridad Social, en donde hay en trámite unas 240 mil causas, y al no haber reajuste jubilatorio se incrementa a diario el número de demandas.
Ante ello, los jueces de la Corte se comprometieron a formar un equipo de trabajo para buscar mecanismos que reduzcan el nivel de litigiosidad.
El organismo previsional sugirió poner "límites" a la cantidad de causas que se tramitan, y en ese sentido que se ponga fin a la gratuidad de las demandas (ello porque no se pagan tasas judiciales por este tipo de reclamos) y la caducidad de plazos (dos años a partir del momento en que se accede a la jubilación).
Ahora, los jueces de la Corte le correrán vista a la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad para que se notifique de la respuesta de la ANSeS y emita su dictamen.
Por lo pronto, la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver si el Defensor del Pueblo de la tercera Edad tiene legitimación para iniciar el trámite.
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