El gobierno nacional negó ayer que Cristina de Kirchner haya asumido el compromiso ante Uruguay de liberar el bloqueo del puente, que desde hace casi dos años mantienen los ambientalistas de Gualeguaychú en rechazo al funcionamiento de la pastera Botnia en la costa oriental.
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«Si bien el gobierno nacional ha manifestado reiteradamente su desacuerdo con dichas medidas que considera contraproducentes, la facultad de disponer el cese de los cortes corresponde a las autoridades judiciales competentes», indicó la Cancillería.
La presunta afirmación de la Presidente había aparecido publicada en un semanario uruguayo, en respuesta a un reclamo que efectivamente le transmitió el canciller Gonzalo Fernández a la delegación argentina en Nueva York, durante un breve encuentro protocolar, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del que participó Jorge Taiana y la propia jefa de Estado.
«Nuevamente reclamamos que se ponga el levantamiento de cortes de ruta, y encontramos una actitud positiva de parte de la Presidenta», contó Fernández, en declaraciones reproducidas oficialmente en el portal de la presidencia uruguaya.
En esa línea, el canciller sostuvo que ahora hay que esperar que este planteo «cuaje en la realidad» y consideró que, probablemente, habrá un planteo formal ante la Justicia federal que ordene el levantamiento del corte de ruta.
Aseguró, además, que la posición uruguaya va a mantener «la mesura y la prudencia» con la que -según consideró- ha actuado a lo largo del conflicto, pero también «la firmeza y el énfasis» en reclamar lo que se entiende que es violatorio del derecho internacional y de las normas del Mercosur.
El canciller agregó que sería «muy importante» que la presidente argentina «pueda concretar esa acción y obtener el levantamiento del bloqueo que Uruguay ha reivindicado enfáticamente».
Llamativo
Llamativamente, este nuevo entredicho se produce exactamente un año después del último cruce fuerte entre la Casa Rosada y la Asamblea y, precisamente, en el mismo escenario de encuentro entre las máximas autoridades argentinas y uruguayas: la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
En setiembre de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner debió salir a desmentir que hubiera avalado allí la relocalización de la papelera Botnia en Fray Bentos, declaraciones que fueron volcadas por la prensa y tuvieron como respuesta el repudio de la Asamblea de Gualeguaychú, que en represalia extendió el bloqueo a la denominada ruta del Mercosur.
La relación entre la asamblea y el gobierno se mantiene congelada desde febrero pasado, cuando la presidente Cristina de Kirchner recibió a sus representantes en la Casa Rosada y ratificó que la lucha contra la planta papelera de Botnia constituye una «causa nacional», pero rechazó la batería de reclamos presentada por los entrerrianos al considerar que no tienen «viabilidad» jurídica.
Se trataba de un pedido de aplicación del Código Aduanero para que no se permitiera el paso por territorio argentino de insumos para Botnia y la sanción de una ley de la madera que impida la exportación de madera en pie para plantas de celulosa.
El rechazo de la Rosada a los pedidos de la Asamblea estuvo orientado a no abrir nuevos frentes de conflicto con el país vecino a la espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se dirime la causa iniciada por la Argentina contra el gobierno de Vázquez por considerar que violó el Estatuto del Río Uruguay al permitir la instalación de Botnia.
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