El juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, responsabilizó a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, por el retraso en el expediente por tentativa de contaminación, iniciado por el gobierno de Entre Ríos contra la empresa Botnia.
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La reacción del magistrado -el mismo que autorizó la exportación de madera sin procesar pese a una ley provincial que lo impide- surgió durante un encuentro que mantuvo ayer con los abogados de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Ese mismo día, en tanto, se supo que las empresas españolas interesadas en exportar rollizos de madera de eucaliptos desde el Puerto de Concepción hacia el país ibérico finalmente desistieron de la operación, luego de la presión ejercida por los ambientalistas.
«Si todavía no se ha resueltoel llamado a la indagatoria contra los directivos de Botnia es porque aún no se ha logrado que la Secretaría de Ambiente entregue los informes», dijo Quadrini y cargó de esta manera contra Picolotti, aliada del gobernador Jorge Busti, quien a su vez no goza de una buena relación con el juez, nombrado sobre el final del gobierno de Fernando de la Rúa.
Incluso ese enfrentamiento se profundizó esta semana cuando la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacionalafirmó como una « inadmisible intromisión» la decisión del Poder Legislativo provincial de pedir la indagatoria de los directivos y responsables de la empresa pastera.
En esta causa, el gobierno provincial pidió incluso la recusación de Quadrini, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná la rechazó, aunque a la vez le pidió al magistrado que «expida una respuesta en el plazo más breve posible».
La asociación calificó a la solicitud como una « inadmisible intromisión» del Poder Legislativo local en el ejercicio de las funciones propias del juez federal de Concepción del Uruguay, Quadrini, a cargo del expediente contra la pastera.
En un comunicado firmado por el presidente Ricardo Recondo y el secretario Ramón Alvarez Bangueses, la Asociación remarcó que «los legisladores tienen, más allá de lo declamatorio, el deber de respetar efectivamente la división de poderes, presupuesto fundamental del sistema democrático y republicano de gobierno».
Con todo, en la reunión de ayer en Concepción, los ambientalistas parecieron recomponer el vínculo con el magistrado y calificaron el encuentro de «positivo» porque « inaugura una nueva etapa colaborativa para el mejor servicio de la Justicia».
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