El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, propondrá al presidente Néstor Kirchner que la demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya se haga "antes del 30 de abril" para poder de esa manera trabar los créditos que organismos internacionales otorgarán a Uruguay para financiar la construcción de dos papeleras en Fray Bentos.
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"Si no hay diálogo diplomático, tendríamos que ir a la vía judicial antes del 30 de abril. Después se corre el riesgo de que los organismos de crédito tomen una decisión, y sabemos que lo que trabaría los créditos sería la demanda ante La Haya", aseveró el gobernador en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Continental.
El mandatario provincial aseguró que tiene información proveniente del Centro de Estudios de Derechos y Humanos y Ambiente (CEDHA), encabezado por Romina Picolotti, que sostiene que la única forma de detener los créditos con que cuentan las papeleras es a través de una demanda ante la Corte Internacional de La Haya.
El gobernador enfatizó que "para que el planteo sea fuerte no tiene que haber cortes de ruta que le sirvan como defensa al Uruguay", menos aún de la "gravedad" de lo que se hizo ayer en la ruta nacional 14, que es eje del Mercosur y con lo cual -según consideró- "se corre el riesgo de poner a todos los miembros del Mercosur en contra" de la Argentina.
Además, Busti señaló que mantuvo una comunicación telefónica con el intendente de Colón, Hugo Marsó, quien sigue adelante con la idea de consultar al pueblo de Colón, de una manera jurídica, "para que -según dijo- con madurez todo el pueblo se exprese al respecto de algo sobre lo que ninguna agrupación puede ejercer su representación".
De este modo, Busti salió al cruce de las declaraciones de algunos ambientalistas que dijeron que la marcha de ayer sobre la llamada "ruta del Mercosur" fue una respuesta a su idea de hacer un plebiscito sobre las medidas a seguir respecto de la defensa del medio ambiente.
Busti señaló que "las únicas acciones que tuvieron eficacia jurídica para defender los intereses de Gualeguaychú fueron las que hizo el Gobierno de la provincia, especialmente las realizadas ante el ombusdman del Banco Mundial, mediante la cual se logró internacionalizar el problema y hacer suspender a los organismos de crédito los mismos hasta que exista un estudio de impacto ambiental independiente".
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