El Gobierno de la Capital Federal dejó cesantes a cuatro empleados, a los que encontró responsables de una estafa por cerca de $ 2.000.000 consistente en el desvío de fondos públicos.
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La maniobra, que involucró a cientos de agentes municipales y fue advertida el año pasado por la Auditoría General de la Ciudad, consistía en obtener el reintegro de cuotas de préstamos supuestamente cancelados. La estafa se habría iniciado durante la gestión de Fernando de la Rúa al frente de la Capital Federal en 1999 y culminado en setiembre de 2000, un mes después de la asunción de Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno porteño, de acuerdo con la denuncia. Todos los meses, el Banco Ciudad de Buenos Aires hacía descuentos de cuotas de créditos en las cuentas de sus sueldos a los empleados municipales que los habían obtenido, pero por un error administrativo, se descontaban una o dos cuotas posteriores a la cancelación. Mediante unas planillas que se giraban desde el Gobierno porteño a la entidad crediticia, se compensaban las quitas. De esa manera, se llegó a obtener la devolución de unos $ 800.000 extra, sólo de abril a setiembre de 2000, que en realidad no correspondían a errores en la liquidación, sino que los hacían figurar de ese modo y quedaban para los empleados.
El secretario de Hacienda de la comuna, Miguel Pesce, tras una investigación sumarial paralela a la querella que la Procuración inició en su momento ante la Justicia, resolvió separar de sus cargos a cuatro empleados de jerarquía, quienes supuestamente fueron los que urdieron la maniobra, e inició expedientes de los empleados que supuestamente recibieron en forma irregular dinero.
El Gobierno porteño efectuó una auditoría sobre los descuentos y reintegros de las cuotas por préstamos personales con retención de haberes y detectó la diferencia entre los reintegros de cuotas respecto de las liquidaciones de la Dirección General de Recursos Humanos. Esa dependencia devolvió $ 1.226.559,76, mientras que el Banco Ciudad tiene 22.000 préstamos otorgados a agentes municipales que remite a la Dirección General de Recursos Humanos para que haga las retenciones. Se constató así el pago en exceso de 127 agentes por parte de la Dirección General, durante junio de 2000 y el pago en exceso por parte de la Dirección Liquidación de Haberes, a favor de 150 agentes a quienes se les acreditó desde abril a setiembre de 2000 un total de $ 789.763,38, 90,7% sobre el total de fondos en exceso devueltos en ese período. Según el Gobierno porteño, desde 1999 hasta la fecha de la auditoría, los pagos irregulares alcanzarían la suma de $ 1.790.864.
Los complicados trámites burocráticos habrían permitido que la maniobra no fuera descubierta. «Para no llamar la atención se imprimían boletas-recibo complementarias y, para evitar que las oficinas de personal de las distintas reparticiones advirtieran que ciertos agentes recibían enigmáticos pagos, la Dirección Liquidación de Haberes retuvo en su recinto todas esas boletas, sin enviarlas a las respectivas oficinas destinatarias», indica en su informe el Gobierno porteño.
El informe, de marzo de 2001, de la Auditoría, señaló que la liquidación de los reintegros fue efectuada por la Dirección General de Recursos Humanos y que desde agosto del '99 hasta junio de 2000 comprendió un total de devoluciones de $ 2.038.000.
En ese momento fueron separados preventivamente de sus cargos el entonces director de Liquidación de Haberes -quien renunció a su puesto-, el entonces jefe de Departamento Liquidaciones, la ex jefa de División Descuentos, el ex jefe de Sección Descuentos y un empleado. Ahora todos fueron cesanteados definitivamente, en tanto continúa la causa penal en la Justicia.
«La ex División Descuentos podía, discrecionalmente, organizar cualquier entrega de dinero, decidiendo el agente destinatario, para lo cual ingresaba en una terminal de computadora su documento, con el importe a reintegrar», indica la resolución del Gobierno. «Luego la Dirección de Sistematización confeccionaba las 'pruebas', y otros dos funcionarios prestaban su conformidad definitiva» hasta que «el agente en cuestión podía concurrir a un cajero automático y retirar los fondos», concluye el informe.
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