Hay tirantez en el gabinete por la decisión de Nilda Garré de convertir al Regimiento de Infantería Mecanizada N°7 (Rimec), de la localidad bonaerense de Arana, en una cárcel destinada exclusivamente a militares procesados por delitos de lesa humanidad. La ministra de Defensa quiere alojar en esa unidad a unos 30 uniformados que hoy están detenidos en distintas sede de las Fuerzas Armadas del área metropolitana. Además dispuso que la custodia de esos presos sea realizada por el Servicio Penitenciario Federal.
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Esa orden disparó el conflicto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Alberto Iribarne. Hace pocos días el ministro envió a un hombre de su confianza a supervisar si el regimiento de Arana (Pcia. de Bs. As.) reunía las condiciones para alojar a detenidos. El encargado de hacer el relevamiento fue el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Federico Ramos.
El funcionario se encontró con varios problemas relacionados con cuestiones de logística y operatividad: la ubicaciónhace difícil el acceso si se requiere asistencia médica y genera enormes problemas para garantizar la seguridad o custodia del perímetro.
El dilema no es menor. El ministerio de Justicia está haciendo un esfuerzo para reclutar a personal penitenciario que hoy es escaso en el país. Por ejemplo ha debido recurrir a los retirados para incrementar en 500 la dotación de estos funcionarios. Además, tuvo que enviar a una treintena de agentes penitenciarios a Mendoza para garantizar la seguridad de los presos de las convulsionadas cárceles de esa provincia como lo dispuso la Corte Suprema.
Pero no es ése el único inconveniente: la cárcel de Arana tiene capacidad para alojar 40 procesados o condenados por crímenes del terrorismo de Estado. En la actualidad los militares detenidos -alojados en edificios castrenses del área metropolitanason alrededor de 70.
En su ambición (quizás por quedar bien con algunos militares amigos) Garré no tuvo en cuenta que bajo la órbita de la cartera de Justicia funciona el penal de Marcos Paz, una cárcel común, con el doble de plazas para alojar a militares acusados de violaciones a los derechos humanos y con mejores condiciones de seguridad.
En ese penal hoy se encuentran detenidas 36 personas relacionadas con estas investigaciones.
La reclusión de los militares en cárceles comunes es un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos. Según el Ministerio de Defensa, su detención en bases militares es un beneficio ilegal violatorio del artículo 16 de la Constitución nacional, que prohíbe la existencia de fueros o prerrogativas especiales. Aunque Garré dijo públicamente que las unidades militares no «no están hechas para ser lugares de detención», ese argumento parece ahora traicionado con su caprichosa idea de convertir el regimiento de Arana en una cárcel. Puede que en esa apresurada decisión haya influido los graves problemas que tiene su ministerio en lograr una solución al caos de los radares.
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