El consejo directivo de la CGT repudió el allanamiento de la sede del gremio del caucho (Socaya), ordenado por la justicia federal, en "un contexto electoral sindical" de esa organización y aseguró que la decisión fue "una muestra más de atropello".
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"La CGT repudia de forma amplia los acontecimientos ocurridos en el Sindicato Obrero del Caucho y Afines (Socaya) el jueves último, traducido en un allanamiento ordenado por la justicia federal por cuestiones electorales internas y con una inusitada presencia de efectivos de seguridad", señaló un documento oficial de la Confederación firmado por Juan Carlos Schmid.
El integrante del triunvirato de la central obrera sostuvo que la CGT ya había advertido "algunas actitudes antisindicales y la intromisión de la justicia federal en lo criminal y correccional en la resolución de procesos electorales gremiales", y expresó su "preocupación" porque esa realidad tiene "un juez natural en el Ministerio de Trabajo de la Nación y su instancia de revisión en la justicia nacional del Trabajo".
La central sindical, que también comandan Héctor Daer y Carlos Acuña, indicó que vulnerar esa competencia es "una grave intromisión e injerencia en las asociaciones de trabajadores".
"La CGT advierte que en estos casos la vulneración de los derechos sindicales y del principio del juez natural se realizan en el contexto de una sugestiva mora administrativa de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), que soslaya la resolución de recursos e impugnaciones en tiempo y forma", dijo.
"Esa modalidad, que ya resulta reiterada, obliga a la CGT a abocarse a la defensa de las organizaciones como instituciones de la democracia, cuyo marco de contralor deben ser los parámetros de la legislación (Ley 23.551), de la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de sus órganos de control con jerarquía constitucional y la cartera del Trabajo, en todo lo que no violente la autonomía sindical y con el debido resguardo y revisión posterior de la justicia nacional laboral", puntualizó.
Por último, la central se comprometió a acompañar al gremio del caucho y a sus trabajadores en "la totalidad de las instancias de las luchas sindicales, administrativas y judiciales", y adelantó que elevará "una queja pertinente para su actuación a la OIT".
Dos listas enfrentadas en ese sindicato -la Celeste y Blanca y la Verde, que presentó impugnaciones y hasta causa penal- se disputan el resultado de los últimos comicios de renovación de autoridades de julio último y, a partir de entonces, la cartera laboral impidió hasta ahora la asunción de los cargos de los dirigentes.
Ello fue denunciado por el candidato de la primera de esas nóminas, Juan Carlos Ponce, quien conduce el gremio hace décadas y en la noche del jueves último decidió permanecer en la sede de la organización sindical y resistir el allanamiento.
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