CGT quiere tener una red nacional propia

Hugo Moyano junto a Gabriel Mariotto, del COMFER, donde le traza la nómina de pedidos que el gobierno deberá tener en cuenta, entre ellos, el sueño del canal propio.

Hugo Moyano -todopoderoso del actual gobierno- le reclamó ayer a Cristina de Kirchner que el Estado le conceda a la CGT -que representa a un sector del gremialismo- una red nacional de medios de comunicación con el objetivo de confrontar con los medios privados, sindicando a estos en el monopolio «Clarín». El jefe de la CGT participó anoche de una reunión de dirigentes de sindicatos ligados a los medios de comunicación con la Presidente, de quien recibieron una síntesis de las iniciativas que el gobierno quiere incluir en una reforma de la Ley de Radiodifusión.

Ese proyecto lo lanzó el gobierno con la idea de confrontar con el monopolio «Clarín» después de que las administraciones Kirchner recibieran el apoyo de los medios de ese oligopolio. La Ley de Radiodifusión que rige en la Argentina fue aprobada por un decreto-ley de la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse y recibió muchas reformas que alentaron la conformación de multimedios, como la suspensión del antiguo artículo 45° que prohibía la posesión de medios gráficos y audiovisuales en la misma zona de influencia, la autorización a cooperativas y entidades sin fines de lucro para administrar medios o el levantamiento en 1990 de la prohibición de que ingresasen capitales extranjeros en los medios. Esta cláusula fue limitada por una ley promovida por el gobierno de Eduardo Duhalde -la llamada ley cultural-a pedido también de lo conglomerados de medios que temían en ese año de la crisis que sus activos pudieran ser adquiridos por empresas extranjeras. El gobierno de Néstor Kirchner llegó al extremo de extender la concesión a la onda de «Canal 13» y autorizó una escandalosa fusión de las dos cadenas de cable que posee ese grupo.

El gobierno ha llevado este debate con algunos medios como los del monopolio «Clarín», denunciado durante muchos años por sus abusos de la posición dominante en el mercado en compra de canales de cable, venta de publicidad, acceso a beneficios fiscales, condonación de deudas y multas por parte del Estado. A eso se suma la sociedad que tiene el monopolio con el diario «La Nación» y el Estado en Papel Prensa, productora de papel de diario creada en tiempos del gobierno de Jorge Videla y en la cual el monopolio ha logrado tener el control mayoritario. Con esa empresa, el Estado y sus socios logran además un control indirecto sobre los otros medios gráficos al proveer de un insumo crítico de la industria periodística.

Ni el actual gobierno ni los que se sucedieron desde 1983 hicieron reformas de la Ley de Radiodifusión que impidiesen la consolidación del monopolio. Tampoco emplearon las normas legales vigentes en la Argentina para combatir la formación de oligopolios o preservar la competencia. En las pocas causas que se iniciaron contra el monopolio «Clarín» en estos años -como la que promovió este diario-el Estado se apartó de sus responsabilidades de defender esas normas antioligopolios en sede administrativa y en los tribunales.

Moyano antes de reunirse con Cristina de Kirchner y el secretario de Medios, Enrique Albistur, pasó por el despacho del interventor en el COMFER, Gabriel Mariotto, a quien le dio detalles de la demanda.

La CGT ya administró medios: hasta hace algunos años tuvo el diario «El Territorio», de la provincia del Chaco. Poco antes, bajo la segunda presidencia de Juan Perón, quien mandó en 1951 expropiar al diario más exitoso de la época, «La Prensa», para reprimir su cobertura opositora a su gobierno. El proyecto lo votó el Congreso y el diario pasó a ser el órgano oficial de la CGT, que fue dirigido hasta 1955 por Martiniano Paso. Este venía de ser director del diario «Democracia», que compró en 1946 Eva Perón con fondos del empresario naviero Alberto Dodero para incorporarlo a la cadena de medios oficiales ALEA que dirigía el mayor Carlos Aloé. El jefe de redacción era el periodista César Caminos.

Después de 1955 ese diario «Democracia» fue entregado a la actividad privada (lo hizo el presidente Arturo Frondizi), pero quedó en la mira de los sindicalistas. La CGT de José Ignacio Rucci lo quiso administrar en 1973 y desde sus oficinas se promovió una ocupación por militantes peronistas, pero nunca lo pudo poner en la calle. Recién en 1974, muertos ya Rucci y Perón, logra la CGT un decreto de María Estela Martínez de Perón entregándoles a los sindicalistas el diario y el edificio de Bouchard 722 (hoy lo ocupa la empresa Microsoft), pero tampoco la CGT lo pudo publicar pese a que las instalaciones permanecieron casi dos años ocupadas por militantes peronistas. Tras el golpe de Estado de 1976 ese sueño se evaporó. Ahora vuelve de la mano de Moyano, que intentará lo que Rucci no pudo lograr porque lo sorprendió el asesinato por la banda Montoneros, algunos de cuyos ex militantes ocupan hoy cargos en el gobierno.