La CGT reclamó hoy la continuidad de programas estatales surgidos al calor de la pandemia como el subsidio salarial ATP y el ingreso de emergencia IFE, así como la vigencia de la prohibición de los despidos y la doble indemnización para las cesantías sin causa. En paralelo le exigió al Gobierno la cobertura a cargo del Tesoro nacional del costo de la vacunación por el coronavirus al recordar que el grueso de los desembolsos de las obras sociales para cubrir la crisis sanitaria surgieron de recursos propios de esas prestadoras. Los planteos, que adelantó ayer Ámbito, quedaron expuestos en la primera reunión del Consejo Directivo presencial en la sede de la central obrera desde que arrancó la cuarentena.
El encuentro del máximo órgano de dirección de la CGT giró, como era previsible, en torno de los efectos económicos de la pandemia en cada actividad y de la perspectiva por la inminente llegada a la Argentina de las primeras vacunas aprobadas a nivel internacional en función de los acuerdos firmados por la administración de Alberto Fernández. Del debate salieron un comunicado público para pedir la extensión de la vigencia de los instrumentos asistenciales, y una carta dirigida al superintendente de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini, sobre el costeo de la vacuna. El reencuentro de los líderes sindicales tuvo buen presentismo. Estuvieron los dos cosecretarios generales de la central, Héctor Daer y Carlos Acuña; los “independientes” Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (estatales, UPCN); el mercantil Armando Cavalieri, el metalúrgico Antonio Caló (UOM, aunque el representante formal del gremio ante el Consejo Directivo es Enrique Salinas), el municipal Amadeo Genta (Sutecba), el encargado de edificios Víctor Santa María (Suterh) y otros referentes como Rodolfo Daer (Alimentación), Omar Maturano (maquinistas de trenes, La Fraternidad), Julio Piumato (judiciales), Hugo Benítez (textiles, AOT), Carlos Frigerio (cerveceros) y Carlos Sueiro (aduanas).
En el documento público la central obrera manifestó su “preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias respecto de los planes sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria” y el “apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales” plasmado en el subsidio ATP. Según la CGT el “esfuerzo” del Estado, los trabajadores, los jubilados y el sector empresario “no puede ni debe ser dilapidado”. También destaca el acuerdo que la organización firmó con la Unión Industrial y que abrió paso a los licenciamientos masivos con reducción salarial, al recordar: “garantizamos la paz social en los momentos más difíciles”.
“Hoy, con la pandemia en curso, con la economía empezando a moverse, con muchos sectores de actividad todavía impedidos de funcionar (...) no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo”, resume la CGT en el escrito al referirse a los ATP, la IFE (con fecha de vencimiento a fin de año, cuando se prevé que será rediseñado), la prohibición de los despidos, vigente hasta fin de noviembre y la doble indemnización, con caída prevista a fin de año. También advierte sobre la fórmula de movilidad propuesta por el Gobierno al señalar que no debe “perjudicar al os beneficiarios del sistema previsional”.
El capítulo sanitario del debate se tradujo en una carta a Zanarini, el hombre de Ginés González García a cargo del organismo que controla obras sociales y prepagas y que distribuye los fondos para el repago de los tratamientos más complejos y los remedios costosos. La misiva le reclama al Gobierno que las vacunas por llegar “sean financiadas con recursos del Tesoro nacional para evitar la sangría de las obras sociales”. El informe que hizo Lingeri ante el Consejo Directivo señala que el rojo en el sistema de obras sociales trepó a 7 mil millones de pesos durante la pandemia, y que esa diferencia fue cubierta con recursos propios de las prestadoras gremiales a pesar de que González García había prometido impulsar un DNU que lo hiciera a través de subsidios del Tesoro. Además, como publicó este diario, la caída en la recaudación de las obras sociales por la baja en los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores (por el parate de la actividad económica en varios rubros) trepó a casi 5 mil millones de pesos y también fue el propio sistema el que debió salir al rescate, sin inyección de fondos frescos por parte del Estado.
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