Ordenen restituir bienes embargados de manera irregular a un frigorífico

Política

Habían sido secuestrados con aval de una jueza que fue imputada en una causa penal junto a abogado que fraguaba demandas laborales en Chubut. Es maquinaria y activos que pertenecían a otra empresa pero que se pretendían rematar. Con esta decisión se complica situación judicial de los implicados.

La Justicia de Chubut ordenó restituir una serie de bienes que habían sido desapoderados por un grupo de abogados que se sospecha fraguaban demandas laborales con el objetivo de rematar y quedarse con activos de empresas vinculadas al Grupo Indalo. Esos juicios laborales estaban dirigidos contra Establecimiento Santa Elena SA pero terminaban en remates avalados por la jueza Alicia Arbilla de maquinaria y elementos valiosos que pertenecían a otra firma, Ganadera Santa Elena SRL. La decisión judicial de retrotraer los embargos deja en falsa escuadra a la magistrada que los autorizó pese al señalamiento de todas las irregularidades que atravesaban los procesos en los que habría existido fraude procesal. Arbilla está imputada en otro expediente donde se la investiga junto al presidente del Colegio Público de Abogados de Esquel, José María Venancio y al empresario Elías Simeoni, quien resultada “ganador” de los remates, haciéndose de activos de alto valor a un monto que se investiga si no fue lo que se denomina “precio vil”.

El juez Guillermo Gregorio procedió al “desembargo” y restitución de todos los elementos que habían sido ingresados como parte de las medidas cautelares pero que la empresa acreditó su compra. Muchas eran herramientas que servían al frigorífico pero también maquinaria especializada, autoelevadores. En la controversia se descubrió que hasta había un generador que estaba valuado en u$s140 mil fue rematado por la módica suma de $97 mil por Simeoni. El problema es que formalmente se llevó a cabo una puja con aval judicial. Es decir que no puede ser restituido simplemente por una orden que anule ese remate que parece haber sido simulado. Ese antecedente vuelve de mayor relevancia lo que pueda ocurrir en una causa penal paralela donde están imputados todos los involucrados en esa subasta.

El magistrado que reemplazo a Arbilla, otorgó la medida en forma parcial y solicitó acreditar la titularidad de otros bienes. De todas formas, levantó el embargo respecto a los activos de mayor valor: dos máquinas de vacío de acero inoxidable; una máquina de termocontraído; una máquina de secado de termocontraído; dos sierras carniceras industriales; una máquina empaquetadora de film; y un Zamping marca Toyota. Existe otro de esos autoelevadores con sus accesorios que está en discusión porque pertenecía a otra empresa del holding distinta a las últimas dos. Se lo llevaron sin verificar quién era su titular. La empresa se encuentra dentro de un concurso de acreedores. Un desbarajuste inimaginable con expedientes judiciales cruzados.

La decisión de Gregorio contrastó y terminó por exponer a Arbilla. Pero no solo a ella sino a todos los jueces de paz que también avalaron los secuestros. Con los mismos elementos a mano la jueza –que también fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura de Chubut- se negó sistemáticamente a anular los embargos que ella misma había dispuesto. Dilató las medidas al extremo incluso luego de haber sido recusada y rechazar apartarse. Luego de haber sido imputada por la propia justicia chubutense. La causa penal avanzó al punto que se llevó a cabo la audiencia de exposición de los cargos que imputaba el Ministerio Público Fiscal donde el abogado Venancio era acusado de fraude procesal y Arbilla de incumplimiento de los deberes de funcionario. La jueza insistía en deslindar la responsabilidad en la propia empresa damnificada. La decisión de Gregorio la complica desde el punto de vista de que existía constancia de que hubo irregularidades en Gobernador Costa (donde está asentado el frigorífico) y que se hicieron embargos improcedentes.

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