Citaron a De Vido y a José López por la causa "Sueños Compartidos"
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Precisamente, la convocatoria se produce en medio del escándalo por la detención del exsecretario de Obras Públicas José López, mientras intentaba ocultar más de 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.
El juez investiga si parte de esos fondos habrían sido "detraídos luego de su destino específico -con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas".
La resolución plantea que se determinó que "de los $ 748.719.414,64 que la Subsecretaría de Obras Públicas había transferido" a las jurisdicciones locales para la ejecución de las obras convenidas y que luego se canalizaron a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, "sólo la suma de $ 516.247.173,07 pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras, detectándose que $206.438.454,05 fueron desviados de su fin específico".
"A todas estas operaciones, debe sumarse el resultado de los análisis realizados sobre el patrimonio de los sujetos sometidos a proceso en el marco de los correspondientes legajos investigativos reservados por Secretaría, en los cuales se advierten indicios de crecimientos patrimoniales injustificados", se detalló.
El escándalo por Sueños Compartidos estalló a fines de mayo de 2011, cuando varios medios de comunicación difundieron las denuncias de la diputada de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz, contra Sergio Schoklender por supuestas irregularidades en compras inmobiliarias y supuesto enriquecimiento ilícito con el dinero público destinado al proyecto de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo.
Tras ello, Sergio Schoklender estuvo preso un tiempo hasta que fue liberado en junio de 2012, y poco después de recuperar la libertad el exapoderado de la Fundación Sueños Compartidos fue objeto de una denuncia de Bonafini por "amenazas y extorsión", pero fue sobreseído.
Por otra parte, el año pasado, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un duro informe sobre ese programa de construcción de viviendas sociales, en el que dio cuenta de pagos a funcionarios encargados de controlar la ejecución de las obras, deudas previsionales con los obreros y desembolsos efectuados a personas jurídicas no relacionadas con la gestión de obras, entre otras irregularidades.



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