La Corte, a punto de resolver otra cuestión que la política no arregla

En principio se desarrollará hoy la última reunión entre Ciudad y Nación por el traspaso de la Policía al distrito porteño. Acordaron algunos puntos pero no el principal. El máximo tribunal resolvería si no se llega a un consenso.

Cámaras. Jorge Macri, Marcelo D’ Alessandro y Felipe Miguel, ayer en la sede del Gobierno porteño.

La Corte Suprema fijó un plazo y un mecanismo para que la Nación y la Ciudad de Buenos Aires acuerden una suma por el traspaso de parte de la Policía Federal al distrito porteño. Un decreto de Alberto Fernández que luego se transformó en ley, podó esos fondos en septiembre de 2020. Horacio Rodríguez Larreta pidió ante la Corte una cautelar considerando que la decisión es inconstitucional, arbitraria e inconsulta, entre otros cuestionamientos. Quiere, claro, la reposición.

Ahora los jueces quedan al borde de interferir en otro conflicto que los encuentros políticos no logran subsanar, ya que se vence el plazo para las tertulias de conciliación.

Habrá que ver si el máximo tribunal define a favor de la Ciudad o si, como también especulan en el Gobierno porteño, en medio del conflicto por el Consejo de la Magistratura y otros embates, se inclina por una solución salomónica hasta que se resuelva sobre la cuestión de fondo. Después de todo, impuso las negociaciones antes de definir judicialmente.

El 10 de marzo pasado, los jueces citaron al ministro Eduardo "Wado" de Pedro y al jefe de Gobierno. Les dieron un plazo de 30 días hábiles para que lleguen a un acuerdo, de lo contrario se expedirán sobre la cautelar que presentó Larreta. Cada miércoles, desde entonces se reunieron funcionarios porteños y nacionales. El miércoles pasado, el acuerdo quedó más lejos que nunca, porque se llegó a la parte más sensible de esas posibilidades, como es el monto a transferir. De acuerdo a la ley aprobada a fines de 2020, para 2021 la Nación giraría $24.500 millones, mientras que la Ciudad sostiene que ese fondo tiene una poda de más de $80 mil millones. Para el Gobierno nacional, cuando se traspasó la Policía a la Ciudad se calcularon de más los recursos, por eso habla de "recuperar" esos fondos que ya los prometió para reforzar la seguridad en provincias. El contrapunto de Larreta con los distritos del interior en ese sentido es un tema que incomoda para promover su candidatura a 2023.

Hasta ahora hubo algunos acuerdos. Uno es que no se hablará más de puntos de coparticipación, pero la Ciudad quiere que se establezca un mecanismo de transferencia parecido, que le asegura el dinero con certeza, de ser posible día a día. También se acordó, además de definir ese mecanismo, un pauta de actualización. Lo que falta es el precio, por traducirlo de alguna manera y ahí la distancia parece irreconciliable.

Además de esas reuniones los jueces ordenaron que tras cada encuentro les informen la marcha de las negociaciones.

Si hoy la reunión vuelve a fallar, que sería algo probable, aún hay otra instancia: el plazo fijado por los jueces, de 30 días hábiles, vence el martes próximo y podría acordarse otro encuentro o bien, vencido, pedir una prórroga a la Corte. La cuestión es si la modificación del almanaque tendría sentido cuando aún hay dos conceptos distantes referidos a cómo se calcula el presupuesto de la transferencia. Para la Ciudad se debe calcular el monto que corresponde al "servicio de seguridad " que se transfirió y no a la cantidad de agentes que se transfirieron. El cálculo varía y los números no terminan de trascender debido a también los jueces pidieron reserva en ese sentido.

El miércoles pasado el encuentro entre Ciudad y Nación fue áspero. Del lado porteño plantearon un valor por la transferencia que desde el Gobierno nacional calificaron de "poco serio".

"La Corte fue explícita, si no hay acuerdo sigue el juicio y se expide sobre la cautelar", explican funcionarios desde el Gobierno porteño en referencia a la presentación de Larreta, primero contra el decreto presidencial y luego contra la ley que redujo más el fondo en cuestión.

Por entonces, el jefe de Gobierno incorporó impuestos, como a las compras con tarjeta de crédito, con la promesa de eliminarlos si recuperaba el recorte de presupuesto.