Clima de guerra en el sindicato de abogados

Es normal que tras reñidas elecciones queden heridosporque los perdedores nunca se resignan a asumir la derrota. En lo que sucede en el Colegio Público de Abogados porteño, tras el inesperado triunfo de Jorge Rizzo que ha desatado una feroz puja interna que incluye denuncias de amenazas de muerte, querellas cruzadas en los Tribunales y una encarnizada pulseada para impedir que el último ganador de los comicios pueda conducir el sindicato de los abogados.

«Tenés 48 horas para renunciar», dice un mail que Rizzo recibió en su casilla personal. Otro expresa: «Te odiamos, queremos tu muerte». Ya suman más de 20 los mensajes intimidatorios que le llegaron por ese medio y le dejaron tanto en su teléfono celular como en el particular.

Intimaciones

El presidente del Colegio Público no es el único de los directivos que está recibiendo amenazas personales y contra su familia. Varios de sus pares del Consejo Directivo fueron blanco de intimidaciones de similar naturaleza desde principio de junio, cuando la nueva conducción se hizo cargo de la entidad.

El presidente del Colegio atribuyó las amenazas a que viene «cumpliendo con lo prometido» en su plataforma electoral, lo cual remarcó«rompe con la inercia de las distintas conducciones del Colegio».

Pese a que el comunicado no lo menciona, desde la asunción de Rizzo hay malestar en algunos sectores debido a que uno de los ejes de su gestión será intentar eliminar la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cassaba).

Rizzo considera que la creación de ese organismo impulsada por la anterior gestiónes inconstitucional y ya efectuó planteos judiciales para que deje de funcionar.

Precisamente éste es el eje de la gran disputa que hoy tienen los abogados. Es decir, entre los que promueven la eliminación y los que pretenden la continuación de la caja jubilatoria de los abogados. La recaudación ronda entre 150 y 200 millones anuales.

Pero en verdad la discusión excede a los abogados. Si cae Cassaba, cae el sistema de reparto y la potestad de la Legislatura porteña de crear un sistema de jubilatorio no sólo para abogados sino también para cualquier otra profesión. En juego está un negocio de 1.000 millones de pesos mensuales.

Rizzo -que basó su campaña- electoral en contra de Cassabalogró dos fallos de la Justicia Comercial que declararon la inconstitucionalidad de la Ley 1.181, que dio vida a esa caja. La discusión sobre Cassaba está presente desde su creación. Decenas de amparos fueron presentados en la Justicia. Hasta la Corte Suprema intervino expresando que el tema es de competencia federal y por ende debía intervenir un tribunal en lo Contencioso Administrativo.

Convalidación

Pese a esta decisión, ayer una Cámara de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció convalidando la decisión de la Legislatura porteña, pero sólo lo hizo refiriéndose a la constitucionalidad del artículo 5 de la Ley 1.181. Se trata del caso Fornasari, quien en primera instancia había recibido un fallo a favor ya que un tribunal había declarado inconstitucional ese artículo por el cual se lo obligaba a una doble tributación previsional.

Rizzo sostiene que varios artículos de la Constitución nacional y el artículo 125 autorizan a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a «conservar» organismos de seguridad social «pero no a crearlos».

La encarnizada interna también pasa por la distribución de cargos. En el centro de disputa está el Tribunal de Disciplina. Es casi una tradición que la presidencia de ese cuerpo colegiado quede en manos del ganador de la elección, pero Rizzo lo perdió por una astuta alianza entre todos los perdedores de los comicios. Se trata de seis cargos claves que se repartieron las listas perdedoras (Guillermo Borda 3, Gustavo Bosser 2 y Ricardo Nissen 1). En el mejor de los casos, a Rizzo lo madrugaron, aunque el abogado se repuso del golpe cambiando la cerradura de la oficina donde deben sesionar los electos y haciendo un nuevo reparto de cargos. Así estableció que 3 correspondía para su lista, 2 para Borda y 1 para Bosser.

Los opositores sostienen que Rizzo no tiene derecho a hacer lo que hizo, ya que no tiene mayoría ni en el Tribunal de Disciplina, ni en la asamblea de delegados. Solamente la tiene en el Consejo Directivo. Por eso, decidieron llevar la pelea a la Justicia, que ahora deberá resolver quién tiene la razón.

Lo último que le hicieron a Rizzo fue en un seminario, cuyo cierre estaba previsto que estuviera a cargo de la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco. Alguien llamó para avisar que la magistrada no acudiría. Cuando Rizzo se disponía a cumplir con el ritual de la clausura, apareció la ministra de la Corte provocando una situación bastante incómoda.