¿Comenzó venganza de los Kirchner?

El escándalo por los supuestos sobornos, desempolvado por el «arrepentido» ex secretario parlamentario del Senado Mario «Tato» Pontaquarto, coloca otra vez en la mira de la Justicia a muchos de los más enconados adversarios del kirchnerismo y, en especial, de Cristina Fernández de Kirchner. En la lista de presuntos involucrados figuran, encabezados por Augusto Alasino, quienes expulsaron a la santacruceña del bloque PJ de la Cámara alta, a mediados de los \'90 y le retiraron la representación en comisiones. Ella nunca perdonó aquella condena y no dejó pasar oportunidad de cargar contra sus ex compañeros, en esa época enrolados en el menemismo por la condición de oficialistas (en la campaña electoral del \'99, ya estaban alineados detrás de Eduardo Duhalde). ¿Habrá llegado la hora de la venganza, ahora que los Kirchner están en la cúspide del poder? • Conflicto Durante su primer mandato senatorial (1995-1997), hasta que asumió como diputada, Cristina de Kirchner vivió en conflicto permanente, entre otros, con Alasino, Remo Costanzo, Carlos Verna (quien acaba de asumir la primera magistratura de La Pampa), Ricardo Branda (actual director del Banco Central) y Eduardo Menem, entonces presidente provisional del cuerpo (hoy, virtualmente echado de la jefatura de la Comisión de Relaciones Exteriores por disposición presidencial), más Carlos Ruckauf, entonces titular de la Cámara alta y vice de la Nación. Con Verna, mantuvo una tensa convivencia desde finales de 2001 -ambos volvieron al Senado-, y hasta el 10 de diciembre pasado, cuando el pampeano concluyó funciones parlamentarias. En 1996, Fernández de Kirchner armó un bloque propio, el PJ-Santa Cruz, y se dedicó a hacer oposición contra la administración menemista, a pesar de que -aseguran muchos testigos- había acercado posiciones con Alasino, durante la convención constituyente del \'94. Durante el debate por la reforma laboral de abril de 2000, Néstor Kirchner instruyó a Daniel Varizat, continuador de Cristina de Kirchner, para que votara por la negativa. Como no tenía control sobre el otro representante de la mayoría Santa Cruz, su ex vicegobernador Eduardo Arnold, que militaba en la bancada de Alasino, el Ejecutivo patagónico hizo votar en la Legislatura provincial un proyecto que ordenaba a los delegados en el Congreso Nacional a oponerse a la ley Flamarique. Arnold decidió, a diferencia de Varizat que votó en contra, no participar de la sesión del 26 de abril para no rebelarse al mandato de la Legislatura. Cabe consignar que, desde hace un par de años, Arnold recompuso lazos con los Kirchner. Por eso, llegó a ser funcionario del Ministerio del Interior y, desde el miércoles pasado, se desempeña en la vicepresidencia de Diputados, detrás del duhaldista Eduardo Camaño. La señora de Kirchner, que ocupaba un escaño en la Cámara baja, reivindicó las protestas de Hugo Moyano contra la iniciativa de la administración delarruista. En el recinto, sin decirlo con todas las letras, agitó el fantasma de un supuesto negociado entre el gobierno de la Alianza y los senadores PJ, cuando se aprobó en revisión la norma. Fue la primera devolución de favores por los choques con Alasino, Branda, Verna y los suyos. Se potenció cuando comenzaron las primeras indagatorias del renunciado juez Carlos Liporaci a raíz de una denuncia en Tribunales por el presunto pago de coimas. Empezó por alentar a Varizat. El legislador, que ahora pasó a Diputados en reemplazo de Sergio Acevedo (medió una etapa a cargo de la Casa de Santa Cruz en la Capital Federal), deslizó que Alasino le había advertido que la ley no era «gratis». Aunque nada indicaba que no estuviera refiriendo a los favores de siempre (contratos, ATN, planes Trabajar, pensiones, subsidios, becas, etcétera). Ella misma fue a declarar a Tribunales, donde repitió la anécdota de la Banelco que popularizó Moyano (le atribuyó a Flamarique haberse jactado de que «a los peronistas del Senado» podía «comprarlos», según la exégesis del camionero), y habló de su convicción sobre las «acusaciones» de Antonio Cafiero. Más adelante, en la mediática comisión de lavado que fundó Elisa Carrió en la Cámara baja, la santacruceña reflotó en setiembre de 2001 el affaire de las coimas para ligarlo a supuestas maniobras bancarias ilícitas. Lo hizo en medio de la campaña electoral en la que se postulaba nuevamente a una banca en el Senado, silla que obtuvo con holgura de sufragios el 14 de octubre de 2001. Prometió que su primer proyecto sería derogar la reforma laboral. Algo que todavía no cumplió, pero que lo haría, finalmente, el gobierno de su marido.

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