Tras los casos de Salta y Jujuy, Tierra del Fuego y La Rioja ya discuten modificaciones integrales en sus Cartas Magnas. El debate se dilata en Mendoza y Santa Fe, pero sigue vigente. Santa Cruz y Entre Ríos también hacen retoques.
En La Rioja, avanza la reforma constitucional impulsada por Ricardo Quintela.
Más allá de los tironeos con Nación que acapararon el centro de la escena en los últimos meses, las provincias avanzan con sus quehaceres domésticos. Dentro de las agendas locales y los desafíos propios del territorio, algunos gobernadores se embarcaron en aventuras de riesgo: las reformas constitucionales.
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A los casos de Salta y Jujuy, que en los últimos años ya modificaron sus Cartas Magnas, se suman ahora Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y La Rioja. En ambos distritos, los cambios son empujados por sus mandatarios, que pertenecen a Unión por la Patria (UP). Del otro lado del ring, la oposición denuncia que tras las jugadas subyacen intenciones reelectoralistas.
En tanto, en Santa Fe y Mendoza, las dos jurisdicciones que no cuentan con reelección, el debate es omnipresente a sus distintas administraciones, aunque aún no hay nuevos pasos firmes en sentido.
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el gobernador Gustavo Melella avanza con su proyecto de modificaciones a la Carta Magna. El mandatario austral logró que, en diciembre del año pasado, la Legislatura sancionara la ley que declara la necesidad de una reforma constitucional en la provincia. La misma contó con 10 votos afirmativos y apenas 4 negativos. Ahora, se aguarda que Melella convoque a elecciones para elegir a los 15 constituyentes.
De acuerdo con la normativa, el Poder Ejecutivo cuenta con 210 días hábiles para institucionalizar el llamado. Sin embargo, como la ley recién se promulgó el 29 de diciembre, el conteo comenzaría a partir de esa fecha. La iniciativa de la administración fueguina busca modificar 70 de los 211 artículos de la Constitución provincial. En marzo pasado, un jugada opositora buscó dar por tierra con la ley aprobada, pero naufragó en el parlamento al no conseguir los votos necesarios.
Aunque integra UP, Melella proviene de FORJA, una coalición histórica fundada por radicales que apoyaron al peronismo. Por eso, su pedigree no es 100% PJ. Y aunque mantiene una alianza política con el justicialismo provincial, lo cierto es que la carrera por la sucesión ya está abierta y se anticipa como un frente de tormenta para el dirigente. Uno de los principales aspirantes a la gobernación es el actual intendente de Ushuaia, el camporista Water Vuoto.
Esa pulseada -por ahora velada- podría meter la cola en la discusión por la reforma constitucional. El mes pasado, durante una visita a Río Grande, el gobernador se refirió a la hipótesis opositora y dejó la incógnita pendiente. “Muchos se preocupan por mi relección, pero a mí no me preocupa. Se pueden llevar una gran sorpresa. Si les molesta que Melella sea candidato, deberían preocuparse más por trabajar por la gente”, disparó.
Cabe destacar que Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la provincia más joven del país, con apenas 33 años de vida. Dentro de las modificaciones constitucionales, se encuentra la limitación en 15 la cantidad de legisladores, la imposición de tope a las reelecciones indefinidas en el parlamento provincial y la eliminación de los cargos vitalicios en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Además, la inclusión de la Cuestión Malvinas en la Carta Magna, así como también distintos ítems respecto a las fronteras y los territorios dependientes de la gestión local.
Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también avanza en el mismo sentido. Dentro de los pilares de la reforma, el oficialismo riojano pondera la paridad de género y la renta básica universal. A la vez, reformula la periodicidad de los mandatos y considera a la luz, el agua y la conectividad con derechos universales.
El jueves pasado, se realizó la décima reunión de los convencionales constituyentes, en la que se trabajó en la reforma de algunos de los 17 artículos. Al respecto, se discutió particularmente sobre los Principios de Organización Política, la periodicidad en las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial que abarcan también la paridad de género en los cargos electivos, la consagración constitucional de los derechos al agua, a la energía y a la conectividad, la libertad de expresión y gobernanza y la constitucionalización de la coparticipación municipal primaria.
Además, el cuerpo convocó a una nueva sesión para el 26 de junio, con el objetivo de abordar los capítulos restantes de la Constitución provincial; esto es, los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10. En julio del 2023, una Convención Constituyente conformada por 36 convencionales comenzó a discutir las reformas a la actual Carta Magna, que data de 1986, que tuvo una enmienda en 1987 y que atravesó cambios en 1998, 2002 y 2008. El espacio está conformado por 27 dirigentes peronistas, 8 de Juntos por el Cambio (JxC) y uno del partido Lealtad y Dignidad.
El 5 de abril pasado, se presentaron las modificaciones propuestas por los integrantes del organismo. En el plano nacional, uno de los que alzó la voz contra las modificaciones fue el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien precisó que Quintela busca crear "una Formosa bis". "La mancha dictatorial se extiende", lanzó en X tras la presentación de la Convención Constituyente.
Siguiendo la senda norteña, el catamarqueño Raúl Jalil promulgó en 2023 la ley que prohíbe la reelección indefinida en la provincia para todos los cargos públicos, incluidos intendentes, legisladores, gobernador y vice. Para los jefes provinciales, no es un tema menor. El año pasado, dos fallos de la Corte Suprema impidieron que el por entonces mandamás de San Juan, Sergio Uñac, se presentara para disputar un nuevo mandato. Lo mismo hizo con el tucumano Juan Manzur, quien pretendía acompañar la candidatura de Osvaldo Jaldo como compañero de fórmula.
En la memoria inmediata, el caso más próximo y resonante de reforma constitucional tuvo lugar a mediados del año pasado en Jujuy. El por entonces gobernador y precandidato a vicepresidente junto a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, fue el artífice de los cambios en la Carta Magna. Sin posibilidad de reelección, el dirigente radical procuró despedirse de la función pública con una última cucarda y despejarle el camino a su ministro de Economía y sucesor, Carlos Sadir.
No fue fácil. La puesta en marcha del nuevo texto suscitó un grave crisis social en la provincia, que incluyó levantamientos de sindicatos, movimientos sociales, políticos y de DDHH y también de comunidades originarias. Por más de una semana, las protestas tanto en la capital provincial como en las rutas y la cruenta represión de las fuerzas de seguridad, que incluyeron cientos de heridos y detenidos, acapararon la atención de la opinión pública a nivel nacional.
La reforma fue aprobada el 15 de junio de 2023 por el voto unánime de los constituyentes, incluyendo el de dirigentes de Cambia Jujuy y del Partido Justicialista (PJ). Desde la protesta denunciaron que el procedimiento se llevó adelante "de espaldas al pueblo" y que no se respetaron las instancias necesarias para un proceso de tal calibre. Uno de los pasajes que mayor polémica suscito fue el que dictaminaba "la prohibición de cortes de calle y cortes de ruta" y "la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia".
Tal fue la complejidad del escenario que hasta valió un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien expresó su preocupación por los sucesos jujeños. En paralelo, el presidente Alberto Fernández impulsó una demanda ante la Corte Suprema contra los cambios aplicados por Morales. Este año, la administración de Javier Milei desistió del cuestionamiento y el máximo Tribunal cerró la causa.
Menos traumático fue el proceso de reforma constitucional en Salta que llevó adelante el mandatario Gustavo Sáenz durante su primer mandato. El mismo tuvo como pilares la limitación de las reelecciones de gobernador, vicegobernador y legisladores, y el establecimiento de un máximo de 10 años de mandato para los jueces de la Corte Suprema provincial. Aunque el procedimiento se puso en marcha en 2020, fue recién el año pasado cuando Sáenz instrumentó las nuevas normativas.
Santa Fe y Mendoza, en tanto, cuentan con dos de las Cartas Magnas más antiguas del país. Por eso, la posibilidad de introducirle modificaciones está siempre vigente en la política doméstica de ambas provincias.
En tierras santafesinas, los últimos cambios sobre la Constitución local datan de 1962. Desde entonces, numerosos proyectos intentaron avanzar en ese sentido, pero todos cayeron en saco roto. La urgencia que revisten los fugaces cuatro años de mandato y la resistencia de los partidos antagónicos de posibilitar la reelección a sus rivales son algunos de los fantasmas a exorcizar para lograr una reforma constitucional.
En el escenario actual, Maximiliano Pullaro tiene en sus manos una oportunidad de peso, ya que cuenta con mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, para llegar a buen puerto deberá conformar a todas las piezas de Unidos Para Cambiar Santa Fe, un desafío mayúsculo, ya que la coalición oficialista incluye entre sus filas a radicales, socialistas y dirigentes del PRO, como la vicegobernadora Gisela Scaglia. Aunque en la Casa Gris detallan que la iniciativa no está entre las prioridades del mandatario, lo cierto es que la oferta es tentadora.
El último jefe provincial que llevó hasta las últimas instancias un proyecto de su autoría fue Miguel Lifschitz, quien tuvo a Pullaro como su ministro de Seguridad. Finalmente, al igual que su antecesores, el texto fue retirado ya que no contaba con el consenso necesario para ser aprobado.
En Mendoza, más allá de reformas a artículos puntuales y otras enmiendas, no está sobre la mesa la posibilidad de aplicar cambios a gran escala en la Carta Magna, que data de 1916. Desde la administración de Alfredo Cornejo -el primer gobernador que cursa un segundo mandato en la provincia tras el regreso de la democracia- detallan que el escenario político actual no es propicio por una aventura de semejante magnitud.
No obstante, actualmente, legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) impulsan la creación de una enmienda que busca ampliar el periodo de sesiones ordinarias que va de mayo a septiembre y llevarlo de marzo a noviembre. A esa propuesta se sumó en los últimos días otra de los senadores provinciales radicales, quienes quieren modificar el artículo 42 y darle rango constitucional al equilibrio fiscal de la administración pública tanto mendocina como de los municipios. De obtener luz verde en el parlamento, el proyecto deberá ser votado por la ciudadanía en las elecciones legislativas de 2025.
En otras latitudes, también se producen cambios sustanciales en los sistemas políticos. Santa Cruz, por ejemplo, dio por tierra con la polémica ley de Lemas. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Claudio Vidal y votada por unanimidad por la Legislatura, en Río Gallegos, la semana pasada. De esta manera, la provincia dio por tierra con una modalidad no exenta de críticas, que rigió por más de 30 años en la provincia y que sigue vigente en San Luis, San Juan, Formosa y Misiones (solo para cargos municipales).
Lo propio hace Rogelio Frigerio en Entre Ríos, quien, convocatoria a la oposición mediante, dio el primer paso rumbo a una reforma electoral. La misma incluye la adopción de la boleta única y la discusión sobre la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como modalidad para dirimir las candidaturas.
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