La comisión de Acusación dispuso nuevas medidas y activó el trabajo durante enero en los trámites que involucran a Gastón Salmain, Patricio Maraniello, Pablo Díaz Lacava y Sandra Arroyo Salgado. Además, escuchó en ejercicio de su defensa al juez Alfredo López, denunciado por expresiones discriminatorias en redes sociales.
La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió habilitar la feria judicial de enero y avanzar con nuevas medidas en expedientes disciplinarios contra jueces de distintos fueros.
La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles profundizar investigaciones disciplinarias que involucran a cuatro magistrados de distintos fueros y jurisdicciones, con medidas orientadas a acelerar la recolección de prueba y la toma de testimonios.
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En el mismo encuentro, el cuerpo también avanzó con actuaciones vinculadas a publicaciones en redes sociales: el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, fue escuchado en el marco del artículo 20 del reglamento interno, instancia equivalente a una declaración indagatoria en un proceso penal.
Una de las decisiones más relevantes fue habilitar la feria judicial de enero para empujar la tramitación de tres expedientes: el que involucra al juez federal de Rosario, Gastón Salmain; el del juez en lo Civil y Comercial Patricio Maraniello; y el del juez del TOF de La Pampa, Pablo Díaz Lacava. El objetivo, según se expuso en la reunión, es acelerar la incorporación de prueba, escuchar nuevos testigos y sumar documentación.
En el caso de Salmain, la comisión dispuso nuevas medidas tras el ingreso de una acusación reciente y habilitó enero para seguir con el trámite. El magistrado rosarino enfrenta cuestionamientos que van desde presuntas irregularidades en su currículum hasta imputaciones de gravedad investigadas también en sede penal, con menciones a hechos vinculados a cohecho, corrupción y otras figuras delictivas.
Respecto de Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral, la comisión también decidió mantener la actividad durante la feria para continuar con la producción de prueba y la convocatoria de testimonios.
En paralelo, se resolvió citar por el artículo 20 al juez Pablo Díaz Lacava, quien ya se encuentra procesado por delitos que incluyen lesiones, amenazas y conductas atribuidas en un contexto de violencia laboral y de género, según la descripción incorporada al expediente.
La reunión también abordó el trámite que involucra a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, apuntada por el kirchnerismo por decisiones adoptadas en la causa en la que se detuvo a una militante y a su madre tras un escrache al entonces diputado José Luis Espert. En este punto, se aprobó -con abstención del próximo presidente de la comisión- el pedido de medidas impulsado por ese bloque: entre otras, sumar notas periodísticas difundidas durante el período de secreto de sumario y convocar a declarar a Paula Litvachky (directora ejecutiva del CELS) y al procurador penitenciario adjunto Ariel Cejas Meliare.
En cuanto al juez Alfredo López, durante su exposición negó una conducta discriminatoria y sostuvo que sus respuestas en redes se dieron en un marco de intercambio hostil. También cuestionó a la diputada Sabrina Ajmechet, quien lo denunció, y afirmó que debió haber actuado con mayor prudencia en sus publicaciones.
El encuentro tuvo, además, un componente político-institucional: fue la última sesión presidida por el senador Luis Juez al frente de la comisión de Acusación, cargo que el año próximo quedará en manos del abogado Alberto Maques. Participaron, entre otros, el abogado César Grau, los diputados Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (vía Zoom), además de invitados que se sumaron a la reunión.
En la previa, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti, había destacado públicamente el rol del organismo en concursos y ternas, y también en el avance sobre denuncias disciplinarias, al señalar la necesidad de una capacidad “autodepuradora” dentro del Poder Judicial.
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