El cónsul boliviano en Buenos Aires, Albaro González Quint, denunciado por un organismo de derechos humanos (ver nota aparte), defendió su situación ayer ante una radio.
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El diplomático dijo que debe abocarse a las tareas que le indica la Convención de Viena y que no se hará cargo de lo que sucedió. En radio «Continental», González Gil insistió en que no es un inspector y no puede controlar las leyes del Estado argentino. Además, desmintió que el consulado cobrara u$s 100 por los trámites a los ciudadanos.
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