Alonso fue invitada a exponer ante a esa Comisión, tras el informe que brindó sobre ese acuerdo el 21 de febrero pasado el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien señaló que ese convenio se había realizado dentro los parámetros establecidos en la ley de quiebras y admitió que no sabía de los juicios de esa firma contra el Estado.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue convocada por la Comisión de Comunicaciones de Diputados, para que el 14 de este mes exponga sobre las acciones de ese organismo frente al preacuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, al que se había arribado en el marco del concurso preventivo de la empresa postal, del que, tras los cuestionamientos, el gobierno nacional dio marcha atrás.
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El presidente de ese organismo asesor, Juan Brugge, dijo en declaraciones a la agencia Télam que la convocatoria a Alonso será para el próximo 14 a las 15 para que informe "qué procedimientos realizó esa oficina para evitar un conflicto de intereses, teniendo en cuenta que es una empresa del Grupo Macri".
De esta manera, Alonso fue invitada a exponer ante a esa Comisión, tras el informe que brindó sobre ese acuerdo el 21 de febrero pasado el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien señaló que ese convenio se había realizado dentro los parámetros establecidos en la ley de quiebras y admitió que no sabía de los juicios de esa firma contra el Estado.
Allí, el funcionario había señalado que los dueños del Correo Argentino SA tienen que "pagarle al Estado lo que le deben", negó un conflicto de intereses, y se comprometió a realizar todos las acciones para que "el Estado no tenga que pagar un peso" como consecuencia de la demanda presentada por esa firma.
"La familia que es dueña de la empresa Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe, y no le vamos a perdonar un peso de capital, y vamos a impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes contra el Estado", aseguró el ministro en esa oportunidad ante cuestionamientos de opositores.
Además, el diputado massista anticipó que presentarán un proyecto para crear la Comisión de Ética Pública que -indico- fue "derogada escandalosamente en el 2013", durante la gestión kirchnerista, para que "ese organismo formado por ciudadanos notables" pueda dirimir cuándo hay conflictos de intereses.
La Ley de Ética Pública, sancionada en octubre de 1999, previó la formación de una Comisión de Ética Pública conformada por once miembros -ocho elegidos por el Congreso, uno por el Poder Ejecutivo, otro por la Corte Suprema y otro por la Procuración- y en 2013 fue derogada.
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