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Las diferencias en el seno de la dependencia que administra la peronista riojana Alejandra Oviedo obligará a que la discusión se zanje en el recinto de la Cámara baja. De esta forma, no sólo quedará amenazada la continuidad de varios aspirantes a verdugos -entre ellos, los aristas Elisa Carrió y Héctor Polino; la creadora del «rinconcito de los jubilados», María América González (Frente Grande), y el tucumano Ricardo Falú (PJ)-, sino que también podría afectar a otros legisladores que no forman parte del proceso de enjuiciamiento pero que deberían abstenerse de votar la eventual capitis diminutio, si prospera la causa.
Ayer hubo una reunión preparatoria en Peticiones, a la que asistieron sólo asesores de los legisladores. La única excepción fue la duhaldista de Quilmes María del Carmen Falbo, que asistió en persona a la deliberación informal de la víspera.
Su visita dejó al desnudo la inquietud que despierta en el peronismo de Lomas de Zamora el pronunciamiento de esta tarde de la comisión que dirige la menemista Oviedo. En el peor de los casos, la divergencia doméstica puede provocar el fin de la embestida contra la Corte, ya que dejaría fuera de la investigación a varios de los principales adversarios de la cúpula del Poder Judicial.
Falbo, que encabeza la Comisión de Justicia (donde duerme el mensaje 211 del Ejecutivo que, de aprobarse, obligaría a jubilarse a la mayoría de los ministros de la Corte y a otros 70 magistrados de tribunales inferiores), no llegó a polemizar con los asesores que consideran razonable aplicar el artículo 90 del reglamento del cuerpo a los diputados con diploma de abogados.
Esa cláusula exige, tal cual demandaron los abogados de Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López, que se excluyan de cualquier enjuiciamiento los legisladores que litiguen en la misma jurisdicción de los jueces en la picota.
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