A 48 horas del triunfo de Mauricio Macri en el balotaje, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales un decreto del Poder Ejecutivo que redujo en 2001 del monto de fondos de la coparticipación federal y la retención del 15% a San Luis, Santa Fe y Córdoba. Además, ordenó la gobierno de Cambiemos a dictar un nuevo régimen de reparto de la recaudación de impuestos entre las provincias.
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Las decisiones contaron con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quien dijo en declaraciones a Noticias Argentinas que se trata del "fallo más importante" que emitió el máximo tribunal en materia de coparticipación hasta el momento.
El primer fallo determinó la inconstitucionales de los artículos 1° inciso "a" y 4° del decreto 1.399/01 del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica, financiera y social. Ese decreto estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,9% de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.
El Tribunal explicó que la deducción fue dispuesta por el Gobierno de la Alianza para financiar la operatoria de la AFIP, sin que haya mediado ningún acuerdo por parte de las provincias. "Esa deducción tampoco podía ser considerada una asignación específica de recursos coparticipables porque no había sido dictada de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3° de la Constitución Nacional", sostuvieron.
En este marco, la Corte explicó que al dictar el decreto, el Ejecutivo "había actuado sin autorización del Congreso para hacerlo y que, de todos modos, la Constitución no permite que el Poder Legislativo delegue al Presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables".
Por este motivo, recomendó la redacción de un nuevo régimen de coparticipación, que respeten "los propósitos perseguidos a través de la reforma constitución de 1994, en cuanto al fortalecimiento del régimen federal y la posición de las provincias, y las mayores garantías respecto de la distribución de los recursos financieros y fiscales". Para los jueces, la reducción implica "una detracción de recursos sobre la masa coparticipable" que pone "en juego una facultad que afecta el sistema federal en su conjunto".
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