Corte: jubilados (y varias sorpresas) en agenda

Política

Tras tensa negociación quedó definido calendario que incluye Ganancias para jubilaciones y acción de clase por reajuste. Temas: ley de glaciares, juicio por jurados, autonomía porteña, reelección en La Rioja, antenas de celular y tasas municipales para gasolineras. Asuntos clave, intercalados sin aviso.

La Corte Suprema hizo pública la agenda de temas con los casos que tratará en la primera parte del año revelando, tal como adelantó Ámbito Financiero que enlistó expedientes de alto impacto en materia previsional, ambiental y de facultades de provincias y municipios en varios aspectos. A diferencia del ensayo del último mes de 2018, esta vez, el cronograma con la fecha de los asuntos que tratarán los cinco ministros del máximo Tribunal se mantuvo bajo reserva. La negociación fue tensa, pero permitió incluir por consenso total 11 causas que cumplían con una serie de requisitos y marquen un punto de inflexión para fijar la modalidad de trabajo que adquirió la Corte modelo “cuerpo colegiado”. Además, habrá “casos sorpresa” factibles de ser incluidos durante el desarrollo del calendario. La meta interna fue no ser arrastrados por la coyuntura de un año electoral aunque habrá temas espinosos sobre los que la “mesa judicial” del Gobierno presagia malas noticias.

El objetivo primario de la elección de nombres propios fue uno: acotar la litigiosidad porque, sobre todo los asuntos previsionales, han cosechado una larga lista de expedientes análogos que transitan en primera y en segunda instancia, además de en la Corte. Sexto y séptimo en la nómina que se dio a conocer tratan acerca de causas “sobre la aplicabilidad del Impuesto a las Ganancias sobre a las jubilaciones y pensiones” y la de “Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional y otro s/amparos y sumarísimos”. El primero tiene un amplio abanico de planteos, pero se escogió a último momento “García” como representativo del universo de jubilados sobre los que impactará la decisión. El segundo, es un amparo colectivo que había sido adelantado por este diario el año pasado, sobre el reconocimiento de una acción de clase arrastrada desde 2009 por el cálculo de la movilidad jubilatoria del período 2002 a 2006. Podría ser un nuevo mazazo al Gobierno si se dispone el ajuste de movilidad en los términos del icónico precedente “Badaro”. Pero primero se deberá resolver si está legitimado el Defensor del Pueblo para actuar, algo que cuenta con el visto bueno en más de una vocalía.

La puja tuvo de protagonistas a los cinco ministros y más de un choque de estilos en la discusión, sobre todo entre Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz que buscaba una agenda más institucionalista y jurídica. Varios de los casos escogidos fueron impulsados por la dupla Juan Carlos Maqueda-Horacio Rosatti. Así pretenden demostrar que el axioma de que “la Corte no tiene tiempos” forma parte del pasado, así como el poder delegado en secretarios letrados y en los denominados “memos” que elevan las secretarías de Corte según el tema. El otro, fijar un orden de prioridades por circulación en vocalías y antigüedad. En ese esquema, Santa Fe ayer presentó la documentación que adeudaba por lo que en el lapso de un mes, se espera que obtenga un fallo favorable análogo al de San Luis pero que podría significar un retorno por coparticipación cercano a los $45 mil millones. En la nómina se incluyó un tema electoral: La que podría impedir la reelección de Sergio Casas en La Rioja a través de la impugnación de Cambiemos versión riojana de la enmienda constitucional que lo habilitó. Podría haber una definición dentro de dos semanas. El due date es el 23 de marzo. ¿Las sorpresas que pueden ser intercaladas? Prescripción o no de la causa por la Tragedia del Colegio Ecos, definición sobre el Fondo Sojero y la validación o no de un sindicato de presos bajo el reclamo entablado por Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA). De la Procuración General (por los tiempos) depende el amparo del diputado Felipe Solá contra el decreto que habilitó a familiares de funcionarios a acceder al blanqueo. Es uno de los temas que más preocupan al Gobierno. Por debajo de estos ítems está el DNU migratorio que aún está en etapa de maceración en la Corte.

Se discutirá además como asunto medioambiental la constitucionalidad o no de la Ley de Glaciares vía el caso “Barrick Gold exploraciones Argentina y otros c/ Estado Nacional”. Otros asuntos rozarán el federalismo tanto sobre la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (reconociéndola en un litigio “originario” de la Corte como una provincia más) sobre una ejecución fiscal vinculada a Córdoba. Encabezando la lista está la causa “Price” donde se discute si las provincias tienen facultades para regular el alcance de la “garantía del plazo razonable en el proceso penal”. Junto a la causa “Canales” sobre si las provincias pueden establecer “juicio por jurados” mediante leyes locales, son asuntos del denominado “eje constitucional” que busca zanjar la Corte.

Dos causas concitarán la atención de los municipios: una la de “Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Gral. Güemes” sobre la chance de fijar las condiciones para la instalación de las antenas de telefonía celular en sus territorios. Y otra que unió a intendentes de distintas extracciones políticas bajo un mismo reclamo. Es la de “ESSO Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa” donde se discute en base a qué cálculo se debe fijar la tasa que la firma Axion resiste a pagar por “inspección, seguridad e higiene” pero para algunos distritos representa ingresos que oscilan en torno al 35% de sus ingresos por ese concepto.

En la faceta penal (novena) figura la causa “Farfán”, pero existe otra ligada a lesa humanidad que se denomina “Causa Ingenieros” que tiene sus particularidades: Definirán si es válida la exigencia de una indemnización dirigida contra Techint por la desaparición forzada de un trabajador, iniciada en 2008. Fue el último caso incluido por fuera de la previsión original de 10 temas y cuenta con un antecedente en el caso “Villamil” donde ganó una mayoría que señaló que las acciones civiles no son imprescriptibles más allá de estar ligados a crímenes que no caducan por el paso del tiempo. En aquel momento fue Lorenzetti el que inclinó la balanza cuando todavía era el presidente de la Corte y definió la mayoría. Ahora se discutirá si la empresa es responsable por la vía de la justicia laboral como afirmó la Cámara del Trabajo y hay expectativa por si se repetirá el mismo escenario que en el precedente o habrá cambios en la mayoría (a un voto de distancia).

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