Cuando se condena por olfato
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Luis Patti
Patti no ha hecho nada para lograr simpatías entre sus adversarios, algo que parecen haber buscado ayer Carrió y algunos radicales, que desoyeron el dictamen jurídico de un hombre insospechado en esta materia como Ricardo Gil Lavedra, que integró el tribunal que condenó a las juntas del último Proceso. También se apartaron estos radicales de la opinión política de un Raúl Alfonsín, el presidente que ordenó aquellos enjuiciamientos que le valieron un alto costo político. El ex mandatario empleó lo que le resta de autoridad partidaria para ensayar un ejemplo de libertad de conciencia al decir que no existían trabas legales para el ingreso de Patti a su banca. Con la misma valentía había tomado hace algunos años partido en favor de la no extradición de ex militares para ser juzgados en el exterior.
Agranda el daño que se produce al país con la votación de ayer que Patti no sea la principal figura de la oposición política; esto demuestra que lo que el oficialismo y sus aliados temporarios buscaron es posicionamientos circunstanciales sobre la base de preconceptos que han creído eran más importantes que las leyes vigentes. También consagra una práctica que es el ensañamiento con quien no tiene fuerza con el sólo objeto de transmitir el mensaje de que el poder es injusto, que puede perdonar el transfuguismo de un Eduardo Borocotó a las 14 pero eliminar a las 16, sin ley vigente, a un Patti de su banca. ¿Es el propósito instalar desde el vértice del poder que el único camino es buscar la amistad con quien manda?
En la Argentina rigió durante muchos años un sistema de prevención del delito que consistía en el «manyamiento»; en las comisarías se hacían rondas de detenidos para que los policías retuviesen su rostro y características personales para identificarlos cuando, ya en libertad, se los cruzasen cerca de algún incidente. El método del «manyamiento» -lunfardismo que consagró el tango «El ciruja»- se perfeccionó con los álbumes de retratos de detenidos y sospechosos.
Esta práctica la combatió el garantismo criollo hasta que una ley del Congreso, promovida por el fallecido Simón Lázara, derogó esa facultad policial de moverse según el olfato de los pesquisas que, afirmaban, podían reconocer quién era delincuente y quién no lo era sólo por el aspecto exterior, su rostro y su vestimenta. Esa norma está vigente y se llama «ley Lázara». Prohíbe que se persiga a alguien sólo por la presunción circunstancial de que pueda haber cometido un delito y sin que la Justicia haya probado nada. Es lo que ha hecho ayer la mayoría de los diputados en una sesión y ha sido un retroceso de años en materia de derechos humanos en la Argentina.




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