La izquierda local, en sus diversos formatos, embiste de manera recurrente contra el gobierno de Néstor Kirchner. En este caso, Eugenio Gastiazoro, un economista de izquierda, graduado en EE.UU., que dirige la publicación del Partido Comunista Revolucionario (PCR), plantea observaciones sobre el régimen fiscal argentino y repudia la posibilidad de que el Congreso conceda superpoderes al jefe de Gabinete.
En lugar de hacer ejecutar el Presupuesto como corresponde, Kirchner quiere cambiar la ley para gastar los fondos como se le antoje. Y mantiene el mismo esquema regresivo de impuestos.
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Cada año, el gobierno nacional tiene que presentar al Congreso un proyecto de Presupuesto para el año siguiente. Este contempla su cálculo de ingresos por impuestos y otros rubros, y su propuesta de en qué cosas va a gastar esa plata. Y es el Congreso al que le corresponden «las decisiones que afecten el monto total del Presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades» (artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, Nº 24.156).
Hasta ahora, el gobierno de Kirchner, con el argumento de la emergencia económica, ha venido logrando que año a año, con cada ley de Presupuesto, el Congreso lo faculte a modificar el destino de los fondos, es decir, emplear la plata destinada a una cosa para otra cosa.
Esos son los llamados superpoderes del jefe de Gabinete, a los que se suman los «decretos de necesidad y urgencia», en el viejo estilo menemista. Pero el gobierno quiere ahora transformar eso, «justificado» en razones excepcionales, en una norma. Para ello ha enviado un proyecto para cambiar el mencionadoartículo 37, con el objetivode «facultar al jefe de Gabinete a disponer de reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias».
En los fundamentos, el proyecto del Ejecutivo recuerda que la reforma de la Constitución del 94 introdujo la figura del jefe de Gabinete, a quien le corresponde «hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar el Presupuesto». Pero una cosa es ejecutar y otra el cambiar el destino de los fondos como se le dé la gana. Si no, ¿para qué se presupuesta?
En su argumentación, el jefe de Gabinete sostuvo que «es absurdo» que el Parlamento impida al Ejecutivo «recurrir a fondos que no están siendo utilizados para afectarlos a situaciones que sí se vuelven necesarias». Cuando lo absurdo es que el Ejecutivo no haga lo que tiene que hacer con los fondos. Su función como administrador tendría que ser preocuparse porque los ministros y secretarios no cumplen con eso, y no aprovecharse del incumplimiento para utilizar esos fondos para otra cosa.
El artículo 29 de la Constitución es claro sobre estos hechos: «El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público (...). Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria».
El proyecto de modificar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, para que el Ejecutivo pueda modificar arbitrariamente la Ley de Presupuesto de cada año y emplear los fondos para otra cosa distinta de la que estaban destinados por esa ley, está en línea con el arbitrio con que se manejan los multimillonarios fondos fiduciarios que se vienen creando al margen del Presupuesto y las empresas reestatizadas que, bajo la forma de sociedades anónimas, se manejan como si fueran empresas privadas ( propias de ellos) por los funcionarios de turno, con quienes hacen sus negocios los monopolios imperialistas o de gran burguesía intermediaria, sin el control que tendría que tener una empresa de propiedad pública y menos un control de los trabajadores.
IVA
Las cifras de recaudación del mes de junio volvieron a mostrar que el IVA, el impuesto más regresivo que tanto paga el más rico como el más pobre, porque es un impuesto al consumo al que nadie puede escapar, es el principal pilar de los ingresos del Presupuesto.
No está de más recordar entonces que la meta presupuestaria de ingresos tributarios para todo 2006 asciende a 132.420 millones de pesos. Y que la mayor porción de esa cifra será aportada por el IVA, con 40.320 millones de pesos.
Bastante más bajo sigue Ganancias, con 29.750 millones de pesos; el tercer lugar lo ocupan los ingresos de la seguridad social, con 19.950 millones de pesos. Detrás está la recaudación de los tributos sobre el comercio exterior (aranceles y retenciones), que se proyectan a 19.300 millones de pesos. Por último, el impuesto al cheque aportará este año 10.400 millones de pesos. Los restantes 12.700 millones de pesos provendrán de los otros tributos de menor peso en la estructura de la recaudación. Señor presidente, señora ministra de Economía, señores legisladores, ¿por qué no piensan siquiera en quitar el IVA de los precios de la canasta familiar y las tarifas de los servicios públicos? O en los impuestos al comercio exterior, ¿por qué no diferencian en los aranceles para la pequeña y mediana industria o hacen una devolución del impuesto diferenciada a su favor? ¿Por qué no devuelven la parte de las retenciones a los pequeños y medianos productores agropecuarios, garantizándoles precios mínimos sostén y en origen? O en el impuesto al cheque, ¿no saben diferenciar entre las cuentas personales y de pequeñas y medianas empresas, de las que son de los grandes? En fin, ¿por qué no se preocupan por hacer una reforma integral donde paguen los que más tienen?
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