De la Rúa empezó con la firma de decretos clave

Fernando de la Rúa firmó ayer, como había adelantado este diario, el decreto que transfiere la AFIP (agencia que controla impositiva y aduanas) del Ministerio de Economía a la Jefatura de Gabinete. Esa norma se justifica como una manera de negociar mejor entre la Nación y las provincias un nuevo régimen fiscal en la Argentina, pero no deja de tener un costado político, como demostró ayer José Luis Machinea al intentar minimizar la decisión. Hoy el Presidente firmará varios decretos más, entre ellos el que renegocia el contrato de construcción de la autopista que une Buenos Aires con La Plata y que incluye el agregado de un nuevo puente sobre el Riachuelo. El gobierno curiosamente ordenó a sus funcionarios esconder hasta el jueves todos los decretos que se firmen esta semana con el objeto de acumularlos y presentarlos todos juntos en una reunión pública de gabinete. Este ardid publicitario intenta aprovechar también la firma presidencial como un modelo de gestión pública. Entre los decretos que firmará De la Rúa está el que compromete al gobierno a no ordenar nunca más moratorias y blanqueos impositivos, algo que ya figura en la carta de intención firmada con el FMI, y un proyecto de ley que piden los emisores de tarjetas de crédito para facilitar el cobro de los morosos.

El gobierno arrancó ayer con la catarata de decretos que adelantó este diario y piensa montar el jueves en Olivos otra cumbre de funcionarios y periodistas para mostrar el producido de la pluma presidencial. Fernando de la Rúa firmó ayer el primero de esos decretos, el que transfiere la dependencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Impositiva y Aduana) del Ministerio de Economía a la jefatura de Gabinete.

Esa medida, también adelantada ayer por este diario, la justifica el gobierno por razones técnicas y no como fruto de una puja política. Persigue, según los considerandos de la norma que firmó ayer De la Rúa con la rúbrica de todos los ministros del Gabinete, una mejor interlocución entre la Nación y las provincias en la anunciada reforma fiscal en todos las jurisdicciones, en la discusión de la Ley de Coparticipación y en la homegenización de sistemas informáticos que permitirán reprimir la evasión de los tributos.

Infraestructura

José Luis Machinea, de regreso ayer en el país, intentó restarle dramatismo al traspaso de la AFIP de su ministerio hacia la oficina de Colombo al asegurar que «no es un juego de poder» y recordó que «es una decisión que se conocía desde octubre».

El ministro negó que este traspaso del organismo complique a su cartera, porque «seguirá con el desarrollo de políticas impositivas, mientras que por otro lado, se recauda».

La catarata de normas (son decretos y proyectos de ley, se dijo anoche en jefatura de Gabinete, la oficina que coordina este paquete de decisiones) seguirá hoy con la firma del Presidente del primer decreto importante del plan de Infraestructura. Se trata de un anexo o addenda de la renegociación del contrato de construcción de la autopista que une la Capital Federal con La Plata, y cuyo eje es la construcción de un nuevo puente sobre el Riachuelo.

Para hoy también el Presidente quiere sobre su mesa por lo menos seis llamados a licitación del primer tramo de ese plan de obras públicas que, se dice, convocará en el primer año cerca de 2.000 millones de pesos.

Otra de las firmas que se espera para hoy es la que compromete al gobierno a no dictar más moratorias ni blanqueos impositivos, una exigencia de la carta de intención firmada con el FMI y también una de las condiciones impuestas por el gobierno a quienes piensan hoy la reforma del sistema fiscal.

La norma busca interceptar un ánimo a dejar de pagar los tributos que dicen haber detectado los recaudadores desde que se empezó a hablar de cambios en el sistema. Esa conducta se atribuye a quienes prefieren suspender el pago de sus obligaciones en la espera de cómo quedarán encuadrados en el nuevo mecanismo ya reformado.

Tarjetas

Otra iniciativa que estudia el Presidente es la insistencia en un proyecto de ley de reforma al régimen de las tarjetas de crédito para que los resúmenes de gastos que se emiten para los clientes tengan valor ejecutivo, es decir, que equivalgan a un pagaré ejecutable sin necesidad de un largo juicio comercial.

Esta reforma, que ya visitó sin mucho éxito el Congreso en períodos anteriores, es pedida por los emisores de tarjetas como una condición para bajar las tasas que se cobran por comisión de servicios y como castigo a los morosos.

Todas estas normas integran el paquete de 15 decretos que este diario anunció ayer y que el gobierno quiere usar como arma arrojadiza hacia el público con el objeto de extender hacia adelante el efecto optimismo que se ha instalado tras el anuncio del blindaje financiero. Hay que tener en cuenta que este gobierno es ejercido por un abogado con conciencia de clase y como tal tiene una confianza conmovedora, aunque quizás exagerada, en el poder que emana de la letra de leyes y decretos.

De ahí, la curiosa orden que circuló ayer en Casa de Gobierno que impidió a los funcionarios referirse a los decretos que están en marcha o dar a conocer el texto que se había firmado.

El que transfirió la AFIP, por caso, no se protocolizó (trámite de ponerle número y ordenar su publicación en el Boletín Oficial), y permanecerá en ese limbo de decreto firmado, pero no vigente, junto a todos los que rubrique el Presidente antes del jueves.

Ese día, De la Rúa piensa presidir otra reunión de ministros y secretarios de Estado seguida de una cumbre de movileros y periodistas que muestren urbi et orbi (y cerca de los diarios del fin de semana) este nuevo alarde de dinamismo oficial.