Insólito planteo contra cuarentena fue rechazado por la Justicia

Política

Se analizó constitucionalidad del decreto y preservación de la salud por sobre la libertad ambulatoria o de reunión. Camaristas apuntaron legalidad del DNU ante increíble intento de judicializar emergencia. Abogado tendrá que pagar costas.

La Cámara del Crimen ratificó la constitucionalidad del decreto el Poder Ejecutivo que desde el viernes dispuso aislamiento social y cuarentena obligatoria para evitar contagio por el coronavirus.

Un abogado alegaba que era inconstitucional por afectar el derecho a la circulación y a la reunión. “El planteo efectuado por el letrado no logra demostrar que la normativa impugnada implique una afectación a los derechos constitucionales. Por el contrario, se advierte que busca preservar la salud pública en forma razonable y proporcional”, sostuvo el fallo dictado por los camaristas Ricardo Pinto y Rodolfo Pociello Argerich.

El insólito planteo judicial -a contramano de la lógica que plantea la emergencia- fue impulsado por el abogado Patricio Kingston, que presentó un habeas corpus para decretar inconstitucional varios artículos del decreto al considerar que se restringía la libertad ambulatoria y de reunión. “La medida adoptada -aislamiento social- es la única a disposición que se tiene ante la ausencia de otros recursos médicos que impidan la propagación de la enfermedad”, se indicó en el fallo. “Si bien implica una severa restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es la salud pública, no sólo del afectado en forma directa, como podría ser el aquí accionante, sino de los terceros”. Es decir que para la Justicia, en términos jurídicos también la Salud prima ante los derechos invocados por el accionante.

La Cámara -de turno en el marco de la feria judicial extraordinaria por motivos sanitarios, ordenada por la Corte- impuso costas al demandante, algo que debiera ser ejemplar dado que en medio de la crisis hubo lo que se conoce como “dispendio jurisdiccional”, que significa haber malgastado los recursos del Estado en una presentación ociosa. Pero de todas formas, los camaristas decidieron introducirse al asunto, quizá para evitar que haya otras réplicas al intento de dar de baja el DNU que recibió apoyo de la Justicia federal. Para ingresar en su análisis, los jueces efectuaron un control de constitucionalidad del DNU N°297/2020, evaluando si el mismo “busca fines legítimos y si los medios utilizados para esos fines son razonables dentro de los mecanismos con los que cuenta la autoridad cuando limita derechos individuales (Arts. 14, 18, 19, 28 y 33 de la C.N.)”. Los camaristas señalaron que el argumento del DNU sobre la falta de “un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del Covid-19”, encuentran fundamento en la necesidad de preservar la salud y el orden público.

“En este contexto de excepcionalidad, también cabe señalar que el Poder Ejecutivo remitió conforme surge de la norma, el decreto a consideración del Congreso de la Nación para su tratamiento por parte de la comisión respectiva circunstancia que demuestra que se han respetado las normas constitucionales”, explicaron los jueces. “Tampoco existe un supuesto de amenaza a la liberad ambulatoria porque el decreto en forma específica dispone que la fuerza policial en caso de detectar un incumplimiento a la norma dará noticia a la Justicia penal para que evalúe la pertinencia de iniciar acciones en función de la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal, por lo cual se descarta asimismo en esa situación un caso de privación de la libertad sin orden de autoridad competente”, sostuvo.

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