La comisión legislativa que investiga si hubo responsabilidades políticas en el trágico accidente del local Cromañón resolvió mantener una reunión a solas el lunes próximo para acordar la redacción de un único dictamen. El documento será la conclusión de la tarea de recabar testimonios que llevarán adelante los legisladores hasta el viernes próximo, después de haber solicitado diez días más de lo previsto para tener listo el dictamen con el cual podrían recomendar que se inicie juicio político a Aníbal Ibarra. Esa mecánica se pondría en marcha considerando la supuesta responsabilidad del jefe de Gobierno por no haber controlado las condiciones en que estaba funcionando el local bailable donde el 30 de diciembre pasado el lanzamiento de pirotecnia contra los paneles acústicos del techo del lugar provocó una combustión letal.
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La redacción del dictamen de la comisión estaba prevista para el 19 de julio, pero los diputados solicitaron extender el plazo hasta el 29 próximo.
Hasta ahora, como resultado de la investigación, la Policía Federal suspendió a cuatro bomberos -tres oficiales y un suboficial- de sus funciones. Esa medida ocurrió luego que en la comisión un testigo revelara la existencia de certificados de habilitación contra incendios supuestamente apócrifos.
Tras las declaraciones del comisario Alberto Corbellini -quien también pasó a disponibilidad- la Policía Federal, de la cual depende el cuerpo de Bomberos, resolvió la medida. En la requisitoria que le hicieron los legisladores -publicada en su momento por este diario- Corbellini admitió, al ver el certificado que permitía levantar la clausura de un local bailable, que era falso.
Los legisladores recopilaron información que daría cuenta de numerosas irregularidades en el área de inspecciones y en distintos momentos de la gestión de Ibarra. Sin embargo, los principales funcionarios que se desempeñaban en esas reparticiones ya renunciaron a su cargo tras la tragedia.
• Conformación
De ese modo, los legisladores tratarán de determinar, a partir del lunes próximo.
La comisión quedó conformada por nueve legisladores, luego que siete renunciaran a integrarla cuando los padres y familiares de las víctimas del accidente los refutaron por su pertenencia política. Así abandonaron los representantes del ibarrismo y del kirchnerismo.
El cuerpo especial está integrado por nueve legisladores, cinco de ellos del macrismo -Fernanda Ferrero, Gabriela Michetti, Martín Borrelli, Diego Santilli y Alvaro González-, Milcíades Peña y Fernando Cantero, del ARI.
De ponerse de acuerdo en un único dictamen y en él recomendar el juicio político al jefe de Gobierno, el documento deberá ser debatido en el recinto para que la Legislatura resuelva si avanza en el trámite de enjuiciamiento.
Por parte de la presidenta de la Comisión, habría suficientes pruebas para el enjuiciamiento, según confió Ferrero.
En Cambio, desde el ARI Cantero sostuvo que «muchos funcionarios incumplieron con su deber y eso está claro, pero la decisión de un juicio político pone en jaque la institucionalidad de la ciudad, por eso hay que mensurar bien lo que se va a hacer», explicó el legislador.
Cantero considera, sin embargo, que el jefe de Gobierno «por indicación de la Constitución, es el que ejerce el poder de policía.
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