El facsímil de la respuesta de la Policía Metropolitana al pedido de informes del Obervatorio de Derechos Humanos (ODH), donde admiten que no sancionan a los efectivos acusados de gatillo fácil.
La Policía Metropolitana demora la sanción a dos efectivos acusados de gatillo fácil. Según los documentos oficiales a los que tuvo acceso ámbito.com, a los policías Ricardo Ayala y Sebastián Ezequiel Torres "no se le han aplicado sanciones" por los gravísimos casos de violencia institucional que protagonizaron hace más de un año.
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Ayala está acusado de "tentativa de homicidio agravado" por balear a quema ropa en noviembre de 2015 al joven Lucas Cabello en La Boca. Torres fulminó de un disparo en la nuca al chico de 16 años Roberto Autero en el Parque Rivadavia. Los dos casos engrosaron el historial de la Metropolitana en el uso indebido de la fuerza.
El estudiante Autero murió la madrugada del 7 de febrero en Caballito. Torres lo interceptó en una calle de Caballito junto a otros tres amigos y tras dar la voz de alto le disparó un balazo que ingresó por la parte de atrás de la cabeza y salió por la frente. Falleció en el acto. Robertito era el menor de cuatro hermanos, vivía en situación de calle y estudiaba en el Centro Educativo Isauro Arancibia. Su cuerpo quedó tirado en la puerta de un edificio de la calle Rosario 302. En el expediente se asegura que Autero fue sorprendido por el agente tratando de romper el vidrio de su auto, dio la voz de alto, los cuatro salieron corriendo de miedo y en la huída Torres gatilló. La bala recorrió menos de 50 metros y dio de lleno en el joven. La causa se tramita en juzgado de instrucción 37, a cargo de Silvia Ramond.
Ante este hecho, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) presentó un pedido de información para conocer detalles del accionar policial. De las nueve preguntas formuladas a la PM solo dos se respondieron en concreto: que hay un sumario abierto contra Torres y que al 23 de marzo pasado todavía "no se le han aplicado sanciones". Evitaron aclarar cuál era su función ese día; si tiene antecedentes sumariales anteriores; cuál debería ser el protocolo de actuación en estos casos; si la advertencia de tuvo tiempo suficiente para ser tomada en cuenta, y si la PM considera que incurrió en un exceso en el uso de armas de fuego.
Para justificarse, la Metropolitana argumentó que no revela esa información para no afectar "la estrategia a adoptarse en la defensa" de efectivo imputado. El informe fue suscripto por el director general administrativo y legal de la fuerza, Federico Javier Fernández.
Cabello recibió tres balazos en la puerta de su casa el 9 de noviembre de 2015. En un confuso episodio, el agente Ayala lo hirió en la pera, brazo y testículo. Los testigos afirmaron que el chico recibió un tiro, cayó al piso, y mientras se retorcía de dolor, el uniformado le disparó dos veces más, a matar. Pero Ayala, de 24 años, declaró ante la Justicia que Lucas estaba armado y que repelió una supuesta agresión. Esa versión ya fue desechada. Las posteriores pericias, en coincidencia con el relato de los testigos, dieron cuenta que en la escena del hecho sólo se secuestró el arma reglamentaria del metropolitano y las tres vainas servidas.
Se supone que Ayala intermedió en un caso de violencia de género, que si existió, no involucraba para nada a Cabello. Lucas era cuidacoche del restaurant de la esquina donde reside. Así lo entendieron en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Los camaristas Mario Filozof y Marcelo Lucini consideraron que se "excluyen de la legítima defensa los casos de lesiones inusitada o aberrantemente desproporcionada". El fallo que regresó a Ayala a la cárcel rechazó la hipótesis de la defensa, que intentó establecer que Cabello se encontraba armado, y consideró que "el medio empleado por el indagado muestra una grosera desproporción e irracionalidad entre aquello que presuntamente pretendió evitar y lo que causó".
Ante esta situación, el Observatorio de Derechos Humanos también solicitó a la Metropolitana un pedido de informes. Tampoco se les respondió lo que pretendía. El mismo director de Legales, Federico Javier Fernández, se limitó a revelar que a Ayala, a pesar de estar detenido por el intento de homicidio de Cabello, todavía "no se la han aplicado sanciones".
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