En la jerga parlamentaria se denominan "cajita feliz" a las partidas que el gobierno les promete a las provincias en el proyecto de Presupuesto y que luego les quita al vetar artículos de éste. Lo hacen para que luego los legisladores de esas provincias, rehenes de esas partidas, aprueben obedientemente cuanto proyecto de ley se envíe al Congreso. Trascendió que Cristina de Kirchner ya vetó partidas por $ 192 millones. En las próximas horas se reunirá la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo para convalidar lo dispuesto en los vetos. Perderán y quedarán de rehenes provincias que iban a recibir subsidios para el área de seguridad y hasta donaciones para la Iglesia. Será ésta la primera pelea de la Presidente con el Congreso, aunque los kirchneristas adictos se resignen a este veto que incumple promesas. La oposición, claro, se mostrará en contra, pero sin margen de acción. No deja de ser otra "subordinación y valor" del Legislativo con el gobierno nacional al que nuevamente obedece en una señal adicional de debilidad de instituciones del país.
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento Legislativo se reunirá mañana en el Congreso de la Nación para aprobar dos decretos firmados por Cristina de Kirchner que vetan unos 192 millones de pesos del Presupuesto nacional destinados a las provincias. Se trata de la llamada «cajita feliz», nombre con el que diputados y senadores se refieren irónicamente a las partidas de dinero que la Casa Rosada les promete a los gobernadores para lograr su apoyo a la hora de votar leyes clave en el recinto.
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Los decretos de veto parcial que serán ratificados este miércoles a las 9 en el Salón Arturo Illia del Senado son los 152 y 153 del Poder Ejecutivo. A través del primero de esos instrumentos, publicado en el Boletín Oficial el 28 de diciembre pasado, la esposa de Néstor Kirchner veta fondos destinados a las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Córdoba, Salta, Misiones, Jujuy, La Pampa y también a una congregación católica vinculada al arzobispado porteño de Jorge Bergoglio.
En el Decreto 152, en su artículo 12, la Presidente revoca una partida de $ 15.844.000 destinados a la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires por no tener su estatuto aprobado. Esta sede educativase encuentra ubicada en Junín, distrito bonaerense gobernado por el intendente de la UCR kirchnerista, Mario Meoni. El 26 de diciembre, apenas 48 horas antes de la aparición de este decreto, el bloque de diputados la concertación, comandado por el radical bonaerense Daniel Katz, había hecho fracasar en el recinto el intento del oficialismo de aprobar con mayoría calificada sobre tablas el proyecto de reordenamiento ferroviario reclamado por la Casa Rosada para Julio De Vido.
Presupuesto
Otro de los vetos de Cristina de Kirchner figura en el artículo 68 del Decreto 152 y apunta a la disposición del Presupuesto que facultaba al Poder Ejecutivo a fijar medidas tributarias en las provincias con crisis laboral derivada de las privatizaciones o del cierre de las empresas públicas. En el artículo 72 del mismo decreto se deja sin efecto una asignación presupuestaria de 2.100.000 pesos destinados a la congregación católica Instituto de la Vida Consagrada de Marta y María, de la provincia de Buenos Aires, y a otro de Capital Federal, territorio espiritual bajó la órbita de Bergoglio. El argumento del Ejecutivo es que ya existe el Consejo Nacional de la Niñez y la Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner, que es el organismo encargado de repartir los fondos para esas obras de bien público.
El artículo 74 del mismo decreto veta unos 100 mil pesos destinados a una biblioteca de Bernal, Quilmes, y otros 35 mil pesos para una fundación de Tierra del Fuego, provincia gobernada por Fabiana Ríos, del ARI-Coalición Cívica. El artículo 82 veta la facultad del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para reasignar, en base al ejercicio de los superpoderes, partidas destinadas a un juzgado federal de Villa María, Córdoba. La Presidente argumenta que esos gastos deberían ser atendidos con el Presupuesto correspondiente al Consejo de la Magistratura.
El jefe de Gabinete también verá acotada su cuota de poder con el artículo 85 del decreto de veto parcial del Presupuesto nacional donde Cristina de Kirchner deja sin efecto la autorización para que Fernández amplíe en 40 millones de pesos fondos destinados a la administración civil de las fuerzas de seguridad, dependientes del Ministerio del Interior de Florencio Randazzo, que registren los mayores índices de delitos de jurisdicción federal. Uno de esos distritos es la provincia de Mendoza cuyo gobernador, el peronista Celso Jaque, había salido a festejar tras la aprobación del Presupuesto que su gobierno obtendría fondos adicionales para combatir la delincuencia.
Acueducto
En el artículo 90, la ex primera dama veta otra autorización para que el jefe de Gabinete amplíe fondos destinados al acueducto del Río Colorado, en La Pampa, obra adjudicada a Techint y mencionada en el caso de pagos de sobreprecios conocida como caso Skanska. Pero el mayor veto a partidas presupuestarias figura en el artículo 91 del Decreto 152 donde se anula la asignación de 50 millones de pesos destinados a un fondo eléctrico para la provincia de Misiones y otros 81 millones para una obra energética de Tartagal-Orán, en Salta. Hasta la Universidad de Jujuy recibió un veto presidencial y se quedará sin los 960 mil pesos previstos originalmente por el Congreso en el Presupuesto nacional.
La Comisión Bicameral que se reunirá mañana está presidida por la ultrakirchnerista Diana Conti e integrada también por el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi -llegará hoy a la Capital Federal-, la vicepresidenta de la Cámara, Patricia Vaca Narvaja, el oficialista bonaerense Luis Cigogna, el jefe del bloque UCR de Diputados, Oscar Aguad, Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, y el macrista Julián Obiglio. Por el Senado, están convocados el santacruceño Nicolás Fernández, Marcelo Guinle, Marita Perceval y el titular del bloque radical de la Cámara alta, el mendocino Ernesto Sanz.
El radicalismo ya anticipó que aprobará los decretos de veto parcial de la Presidente ya que esas disposiciones «no desnaturalizan la ley de presupuesto», aunque realizarán algunas observaciones puntuales. Desde el despacho de Obiglio anticiparon a este diario que votarán en contra para rechazar la injerencia del Poder Ejecutivo en facultades que son propias del Poder Legislativo.
El otro decreto de veto que obtendrá mañana aval del Congreso será el 153, donde se dejan sin efecto tres artículos de la ley de creación de la Universidad Nacional del Chaco Austral.
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