29 de noviembre 2005 - 00:00

Desplazada de AMIA por hablar de más

Juan José Galeano
Juan José Galeano
Además de su pasado en la Juventud Peronista (JP) y de haber sido la diputada más joven de la historia cuando obtuvo una banca en el gobierno de Héctor Cámpora, en 1973, Nilda Garré tiene otro pasado: haber sido la funcionario que durante el gobierno de Fernando de la Rúa supuestamente reveló la identidad del «testigo C» -el iraní que acusó al menemismo de encubrimiento del atentado a la AMIA-, presunta infidencia que produjo su desplazamiento de la Unidad Especial de Investigaciones del ataque terrorista, que funcionaba -como hoy- bajo la órbita de Ministerio de Justicia.
Garré debió volver a su banca de diputada y enfrentar una acusación por supuesta violación de secretos de Estado. Su abogado fue el actual procurador general, Esteban Righi. La Justicia determinó que no cometió delito y la sobreseyó.

Que ese episodio figure en el currículum vitae de la nueva ministra es un antecedente que genera desconfianza.

¿Hasta qué punto un área de gobierno tan sensible como Defensa estará cubierta de los ataques de locuacidad de Garré?

Esa cartera, además de subir y bajar militares, es estratégica. Esconde secretos de Estado que hacen a la defensa del territorio como Nación y que Garré podría verse tentada a revelar como se le atribuye haber hecho con la información sobre el ex espía iraní.

El que pidió su salida de la Unidad de Investigaciones AMIA fue José Hercman. El entonces presidente de la DAIA respaldó a los fiscales Eamón Müllen, José Barbaccia y Alberto Nismann (hoy exclusivo fiscal del caso AMIA).

El trío de fiscales denunció que por las revelaciones de
Garré, el Estado alemán acusó a la Justicia de romper un supuesto «acuerdo de confidencialidad» e impidió nuevos contactos con el iraní.

Los fiscales siempre dijeron que la denuncia no fue falsa.Y en reiteradas oportunidades afirmaron que
Garré conocía perfectamente que en Alemania se había firmado un compromiso de confidencialidad respecto del nombre del «testigo C».

«Por esa razón se radicó la denuncia cuando Garré, en un programa de televisión, reveló las declaraciones del testigo y su nombre, violando ese compromiso», recordó uno de ellos ayer a este diario.

Para Garré el «testigo C» no tenía identidad reservada. La ahora ministra se defendió de la acusación afirmando que en el acta firmada entre el juez
Juan José Galeano, el fiscal Müllen y el fiscal alemán Jost se dejaba constancia de que «declarará una persona que fue testigo de identidadreservada identificado con la letra C. Al ser revelada su verdadera identidad por el gobierno de Irán, dejó de ser testigo de identidad protegida. Su nombre es Abolhasem Mesbahi. Este último declaró sobre la actividad del gobierno iraní en el exterior».

Claro que Garré tuvo su venganza. Bajo el cobijo de Cristina Fernández de Kirchner, antes de irse a la Embajada de Venezuela, se encargó de apuntar su veneno contra el juez Galeano y de promover su juicio político en el Consejo de la Magistratura, con la apoyatura de Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, abogados de los familiares agrupados en Memoria Activa.

Los consejeros que querían echar al juez que condujo durante 10 años la investigación del atentado terrorista, se regocijaron escuchando su testimonio.

Garré
fue quien acusó a Galeano de pagar ilegalmente 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que el reducidor de autos involucrara a los policías bonaerenses en el atentado terrorista.

También acusó al magistrado de mantener en legajos ocultos parte del expediente, de recurrir a la SIDE para que financiara distintos viajes, no investigar el origen de los explosivos y de realizar maniobras con el testimonio del «testigo C».

Garré
volvería a coincidir con el kirchnerismo, cuando el actual gobernador santacruceño, Sergio Acevedo, impulsó el pedido de juicio político de los miembros de la Corte Suprema. Lo hizo en su carácter de vicepresidenta primera de la Comisión de Juicio Político.

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