Después del 24

Sostiene que el paso siguiente, eliminar los indultos a militares del ex presidente Carlos Menem, ya no es problema del gobierno sino de la Corte Suprema. Pero en esto no se le perciben definiciones tan precisas. No le agrada un Mario Eduardo Firmenich, que desde 1970 como partícipe del asesinato del ex presidente Pedro Aramburu, con un balazo a quemarropa de Fernando Abal Medina, estando secuestrado y sólo permitiéndosele rezar antes de ejecutarlo, tuvo una amplia trayectoria. Desde entonces -y dándoles a los subversivos una oscura primicia que afecta su gesta de victimizados- ha participado de otros sangrientos episodios desde la guerrilla y hoy vive aburguesado en la próspera Barcelona, con visitas esporádicas al país. Como para sí mismo, el Presidente dice que la Corte

Pero no es fácil. La actual Corte no quiere riesgos políticos y se aferra al Tratado de San José de Costa Rica, reconocido con rango constitucional por el gobierno Menem en 1994, después de la reforma de la Carta Magna. Allí se reconoce como crimen de lesa humanidad no prescriptible -y por tanto no sería indultable- el terrorismo de Estado o sea cuando cae en excesos para reprimir aún defendiendo la institucionalidad. Pero dos años después, en 1996, la ONU o el mundo, reconoció que también hay crímenes de lesa humanidad por parte de terroristas o subversivos, algo que comprendería a Firmenich y otros ex guerrilleros.

Para el mundo, por ejemplo, son crímenes de lesa humanidad casos como el del fallecido dictador servio Slobodan Milosevic o los militares represivos del Proceso en la Argentina, pero también los que mataron 3.000 personas al volar las Torres Gemelas en Nueva York o el terrorista libio que en 1988 hizo estallar una bomba en un avión de PanAm sobre Escocia matando unas 270 personas, inclusive un joven matrimonio argentino. Lo identificaron y sancionaron al gobierno de Kadhafi por no haberlo entregado a tiempo.

Cuando lo hizo, 13 años después, lo condenó un tribunal internacional en Holanda.

Al Presidente no le agrada que nuestra Corte no haya extraditado al terrorista del ETA Laris Iriondo cuando España lo reclamó. Pero, si la Corte varía el concepto y amplía a hechos y personajes de la subversión la nulidad de los indultos, habrá cuestionamientos que no agradarán a la Casa Rosada que cree que la política de Derechos Humanos la ha llevado bien, inclusive con la conmemoración de estos días y que busca abocarse a otros problemas que le urgen.

Es paradójico pero ni desde la izquierda, desde el centro -si lo hay- ni desde la derecha moderada le cuestionan a fondo que elimine la Corte los indultos de Menem. El diario «La Nación», por ejemplo, también publicó que se siente eso en sectores no adictos al gobierno. Es lógico. «Indultar» es una prerrogativa constitucional de primeros mandatarios -inclusive provinciales- pero parece razonable que no incluya crímenes de lesa humanidad. Pero si se parcializa a unos sí y a otros no, puede traer un problema político cuando es casi indiferente para militares del Proceso, porque o ya están presos, o muertos, en vida apenas vegetativa, como el ex almirante Emilio Massera, o por superar los 70 años cuando no pueden ni ir a cárceles. Pero afectaría una sanción así a militares como el general Genaro Díaz Bessone.

Los problemas en que quiere concentrarse más ahora el Presidente son el de la inflación, la inversión -aquí más aún lo preocupa al jefe de Gabinete, Alberto Fernández- y la eventual escasez energética en próximos días fríos.