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En cambio, el plenario legislativo aceptó, en una votación dividida por 124 a 102 sufragios, que presten su juramento el diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Lorenzo Borocoto, cuyo pliego había sido objetado por el bloque de centroderecha "Propuesta Federal" y la legisladora kirchnerista Susana Gemen, cuestionada por el ARI.
La decisión se adoptó en una tensa sesión que se realizó en medio de los gritos y abucheos de los simpatizantes de Patti y de los militantes de los derechos de derechos humanos, que desplegaron una bandera que rezaba "Patti Genocida".
Los opositores a la llegada de Patti a la Cámara argumentaron que el ex subcomisario tiene acusaciones por delitos de lesa humanidad y que es un torturador confeso, con lo cual no tiene "la indoneidad moral ni habilidad moral" para poder asumir una banca en el Congreso Nacional.
El ingreso de Patti será resuelto por la Cámara de Diputados en un par de meses, cuando la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento emita un dictamen donde deberá aconsejar si podrá asumir o no el ex policía, acusado de graves violaciones a los derechos humanos.
De todos modos, no será fácil para Patti revertir la impugnación motorizada por los diputados de Convergencia Miguel Bonasso y Araceli Mendez de Ferreira, y los kirchneristas Remo Carlotto y Diana Conti, a la luz del amplio respaldo que tuvo la medida adoptada por el plenario legislativo.
La suspensión de la jura cosechó 212 votos, con lo cual superó en cincuenta sufragios los dos tercios del total de diputados que conforman el cuerpo.
Además del acusado, el único legislador que defendió el pliego de Patti fue Jorge Landau, el apoderado del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, una fuerza que concurrió en alianza con Paufe -el partido de Patti- en las últimas elecciones de renovación parlamentaria.
Así, se juntaron para impedir el ingreso de Patti los diputados del Frente para la Victoria, el radicalismo, el Ari, la centroderecha y otras bancadas menores. El debate fue abierto por la diputada correntina Araceli Méndez de Ferreira, quien aseguró que "los torturadores deben estar en la cárcel y no en el Congreso" y pidió que "se remita el pliego a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, para que Patti tenga el derecho de defensa que no tuvieron los que torturó".
En el mismo sentido se expresó Miguel Bonasso, uno de los principales promotores de la impugnación, quien aseguró que "no nos anima ningún afán de odio ni revancha".
Sin embargo el legislador consideró que quienes cometieron "crímenes de lesa humanidad y hoy proponen la tortura como método de investigación policial no tienen la idoneidad moral que exige la Constitución Nacional".
Bonasso pronunció su discurso en medio de silbidos de los simpatizantes de Patti, que incluso llegaron a vivar al ex dictador Jorge Rafael Videla, lo cual provocó la reacción del diputado kirchnerista, quien pidió que la "ceguera" no llegue hasta "vivar en la casa de la democracia a un dictador y represor".
Por su parte, el kirchnerista Remo Carlotto dijo que "no podemos compartir nuestros pasillos y la banca con un torturador que tiene las manos cubiertas de sangre" y aseguró que el pedido "está contemplado en el reglamento del cuerpo y en la Constitución Nacional".
Patti, sentado en el última fila de bancas del recinto de sesiones, asumió su propia defensa, y en este sentido negó tener causas en su contra, pidió "dejar los rencores y el odio" y se ofreció "a tender una mano a Bonasso".
Patti afirmó que tanto él como la fuerza política que lidera "jamás tuvo una expresión antidemocrática", expresó que respeta "la Constitución y las instituciones de Argentina" y dijo que "es la primera vez que llega un policía y eso a muchos no le gusta".
Patti olvidó dos antecedentes de ex policías que se convirtieron en diputados: el ucedeísta Alberto Albamonte -ex miembro de la Policía Federal- y el radical Juan Pablo Baylac -ex integrante de la Policía Bonaerense-.
En tanto, los representantes de los partidos políticos hicieron hincapié en la defensa de las atribuciones del cuerpo para resolver el pliego de sus diputados, en los casos en que exista una de las causales contempladas en la Constitución, como la inhabilidad moral, o acusaciones por delitos de lesa humanidad.
El presidente del bloque FV-Justicialista, Agustín Rossi, planteó que esta facultad "debe ser utilizada excepcionalmente" y ese límite "está fijado exclusivamente en aquellas situaciones de violaciones a los derechos humanos".
Previamente, el arista Eduardo Macaluse había considerado que la impugnación sólo se debe usar en casos excepcionales y dijo que "en este caso se tiene que analizar porque estamos ante una persona que debe sancionar leyes y ha reivindicado la tortura".
Sólo defendió la posición de Patti el diputado duhaldista Jorge Landau, quien argumentó que la cámara "no puede usurpar la voluntad electoral", más aún cuando la justicia electoral otorgó el diploma y los "partidos políticos nunca objetaron en la justicia su candidatura".
También expusieron a favor de suspender la jura de Patti los diputados del socialismo Hermes Binner, de centroderecha Jorge Vanossi, el radical Antoni Becanni y el izquierdista Carlos Tinirello.
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