A través de la Resolución 1200/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la creación del programa AccesAR, una iniciativa para fortalecer políticas de inclusión a discapacitados.
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Oficializan la creación de AccesAR, un programa para fortalecer políticas de inclusión a discapacitados.
A través de la Resolución 1200/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la creación del programa AccesAR, una iniciativa para fortalecer políticas de inclusión a discapacitados.
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La medida fue anunciada por el presidenteAlberto Fernández este miércoles, en un acto que encabezó en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano.
Durante el acto, el Presidente entregó la pensión no contributiva número 100.000, en lo que representa una política de restitución de este aporte del Estado a las personas con discapacidad en situación de mayor vulnerabilidad tras la quita y el congelamiento dispuesto por el gobierno anterior.
Entre 2016 y 2019, el porcentaje de denegatorias de pensiones creció de un 4 al 62 por ciento (6 de cada 10 pensiones eran denegadas) mediante criterios arbitrarios, restrictivos y una interpretación de la ley orientada a vulnerar derechos. En cambio, entre 2020 y 2021 se otorgaron 110.000 nuevas pensiones, además de devolverle su derecho a 40.000 personas con discapacidad.
El plan AccesAR busca acompañar a los municipios en la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de políticas locales que contribuyan a la construcción de espacios accesibles e inclusivos. El objetivo es implementar medidas que eliminen de manera gradual y sistemática las barreras que impiden el acceso a instalaciones, bienes, servicios y tecnologías para así garantizar la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad.
Entre sus principales objetivos el texto oficial enumera: "Fortalecer la institucionalidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el ámbito de la gestión municipal, con el propósito de optimizar las herramientas y recursos técnicos, humanos y financieros de los gobiernos locales, de modo tal que las respuestas a los problemas de accesibilidad sean eficientes, transparentes, responsables e innovadoras".
En tanto, persigue "promover el cumplimiento efectivo de la legislación nacional a nivel local en materia de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad; así como la armonización de las prácticas de gestión destinadas a alcanzar la accesibilidad plena de las personas con discapacidad, propendiendo a la incorporación de normativa específica local en la materia".