Discuten vetos a "subversión" para cumplir con el Fondo

El gobierno tiene hasta el martes 18 para vetar los artículos de la derogación de la ley de «subversión económica» que pide el Fondo. Es decir que Economía podrá utilizar los vetos como moneda de cambio, cuando llegue la delegación del FMI para negociar la semana que viene.

Favoreció al Ejecutivo que el Senado demorara la comunicación de la sanción parlamentaria desde el jueves de la semana pasada hasta anteayer, y que el plazo de 10 días hábiles para objetar artículos corre a partir de que la ley en cuestión ingresa en la Casa de Gobierno.

En el oficialismo, no hay posición tomada sobre la conveniencia o no de aceptar las demandas del organismo internacional, aunque existe conciencia de que hay sobrados motivos para disponer vetos.

Desde el punto de vista técnico-jurídico, 90% del contenido del proyecto de los provinciales Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta) y Pablo Walter (Fuerza Republicana-Tucumán) presenta motivos para ser observado. Uno de los especialistas que fue consultado por Eduardo Duhalde en estos días dijo explícitamente que «todos los artículos del 2° en adelante merecerían vetos».

La principal razón es que la iniciativa de Gómez Diez-Walter transcribió el delito de vaciamiento empresario de «subversión económica» al Código Penal, con lo cual mantuvo la figura vigente, aunque en un marco distinto. En ese sentido, el criterio de inseguridad jurídica subsiste.

• Responsabilidades

Para colmo, el proyecto de esta minoría legislativa precisó responsabilidades en cuanto a la comisión del ilícito. Y llegó a castigar con pena de prisión la negligencia en el delito de vaciamiento, algo que despertó mucha inquietud en los organismos financieros internacionales.

También preocupó que, mediante una cláusula polémica, se habilitara a los jueces del fuero federal a continuar con las causas ya abiertas por «subversión económica», aun cuando esta norma haya desaparecido como tal, hasta que exista sentencia definitiva.

Las imperfecciones se deben, fundamentalmente, a que el texto fue elaborado por dos representantes de fuerzas que son minoría en sus respectivos distritos, y no pasó por el debate de las comisiones del Congreso, las cuales sólo trataron las iniciativas de las fuerzas mayoritarias como suelen hacer habitualmente. El grueso de los senadores y diputados ignoraba la existencia del proyecto, si bien fue presentado en tiempo y forma.

En definitiva, se lo tomó de apuro la madrugada del 9 de mayo en la Cámara alta, cuando peligraba el proyecto consensuado con el gobierno, que dejó la posición original de la derogación (pedida en el Documento de los 14 puntos) para aceptar una modificación de la «subversión económica», supuestamente para contener a los «rebeldes» del PJ (Jorge Yoma, Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Busti y Liliana Negre de Alonso).

Esta redacción tampoco conformó a todos y, ante la escasez de número, se tomó la iniciativa de Gómez Diez y Walter para que la ley no cayera y no se la pudiera votar durante un año. En definitiva, se creía que Diputados devolvería la votación de la modificación acordada con el Ejecutivo. La interna peronista jugó otra mala pasada en la Cámara baja y terminó aprobándose el dictamen del radicalismo que mantenía -y hasta endurecía-la figura de «subversión económica». Esto derivó en la sanción definitiva del proyecto de los provinciales.

Precisamente, las dificultades que encontró en el Congreso son el mejor pretexto político para soslayar el veto. En la Casa de Gobierno, varios ministros consideran que observar lo aprobado podría irritar a los legisladores -especialmente del Senado-que trabajaron a marcha forzada para sacar una ley, con apenas un voto de ventaja.

Nadie quiere arriesgarse a que las cámaras reúnan 2/3 para voltear los vetos, lo cual resultaría un verdadero desastre. Teniendo en cuenta los conflictos domésticos del mismo peronismo, no sería algo para descartar.