Un informe periodístico reveló que funcionarios de Milei trabajaron en un acta para prorrogar el contrato de Aeropuertos Argentina 2000. La decisión definirá si la empresa sigue sin competencia hasta mediados de siglo.
La concesión vigente de los aeropuertos vence en 2038.
El gobierno de Javier Milei tiene sobre la mesa una definición clave para el sistema aeroportuario argentino: si extiende hasta 2066 la concesión que Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), la empresa del grupo Corporación América de Eduardo Eurnekian, mantiene sobre 35 terminales aéreas del país, o si abre el negocio a una licitación con nuevos competidores.
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La concesión vigente vence en 2038, luego de una prórroga otorgada durante la pandemia por la caída del tráfico aéreo. Según un informe de C5N, la compañía sostiene que necesita el nuevo plazo para poder seguir invirtiendo en la infraestructura de los aeropuertos que administra.
El informe también repasó la relación laboral previa entre el Presidente y el empresario: Milei se desempeñó como economista jefe y asesor financiero de compañías del grupo Corporación América entre 2008 y 2021, antes de dar el salto a la política.
Ese antecedente había generado inhibiciones éticas para que el mandatario interviniera en decisiones vinculadas a su exempleador, un plazo que venció en diciembre de 2024.
De acuerdo con la investigación de C5N, funcionarios del Ejecutivo habrían avanzado en la redacción de un acta para formalizar la extensión, que al momento del informe solo restaba ser firmada por Legal y Técnica y por el propio Presidente.
El planteo que impulsa la empresa de Eurnekian no es menor en magnitud: según reconstruyó C5N, el nuevo horizonte solicitado para la concesión trepa hasta 2066, muy por encima del plazo actualmente vigente. Para eso, funcionarios del Ejecutivo habían avanzado de manera reservada en la redacción de un acta que formalizaría la extensión, un documento que —de acuerdo con esa investigación— solo restaba ser rubricado por Legal y Técnica y por el propio Milei para entrar en vigencia. Ese mecanismo permitiría prorrogar el contrato de manera directa, sin necesidad de convocar a un nuevo proceso de licitación que habilite la competencia de otras empresas por la administración de las terminales aéreas.
La decisión final quedará en manos del Poder Ejecutivo, que deberá optar entre avanzar con la extensión solicitada por la empresa o convocar a un proceso de licitación que permita la participación de otros operadores en la administración de los principales aeropuertos del país.