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El Presidente está convencido de dar una señal «moralizante» al derogar la reforma radical, pero no quiere caer al vacío tomando decisiones que lo pueden enfrentar a los empresarios, sobre todo después de haber recibido promesas de inversiones en España. «La reforma de los radicales tenía algunas cosas buenas. Si se deroga de un plumazo la ley, caerán normas que no hay que derogar», se escuchó decir en el avión presidencial.
Díaz Bancalari les contará a los diputados de su bloque que partió de Buenos Aires con más certezas que las que trajo de regreso. Se le había comunicado la intención del gobierno de definir la derogación durante el período de sesiones extraordinarias. Eso significa en la segunda quincena de febrero, que es cuando recién estará operativo Diputados.
Pero Kirchner no definió posición entre sus íntimos durante su visita a España y, además, resta esperar que el Presidente convoque a sesiones extraordinarias incluyendo la derogación y modificación de la reforma laboral como tema para debatir en el recinto. La incertidumbre entre los diputados es doble entonces. Escuchan a los funcionarios del gobierno hablar todo el día de la celeridad con que el Ejecutivo quiere derogar la reforma hecha durante el gobierno de Fernando de la Rúa, pero apelando siempre al costado negro de esa norma, es decir, las sospechas de coimas durante su tratamiento.
Pero no han recibido ni el más mínimo indicio sobre qué contendrá el proyecto, más allá de lo que se enteran por comentarios: no hay acuerdo dentro del gabinete, y subsisten los problemas con el sindicalismo. Tienen la certeza, además, de que el proyecto no será debatido durante el período de sesiones extraordinarias, quizá sólo comenzará el debate en comisión, como tampoco pueden creen a algunos funcionarios del Ejecutivo cuando hablan de sancionar la ley de coparticipación federal de impuestos con tanta facilidad como si se tratara de aprobar el cambio de nombre de una plaza en una ciudad del interior del país.
Díaz Bancalari sólo se dedicó desde España a intentar minimizar la discusión que existe en el gobierno y el Congreso en torno a la reforma laboral. «No habrá superpoderes», dijo en relación con las pretensiones de Roberto Lavagna de contar con una ley más flexible que le permita al gabinete modificar el nivel de protección a los trabajadores según evolucione el mercado laboral. Se entiende la difícil tarea de Díaz Bancalari, que debe mantener al bloque unido diariamente en torno a un tema complicado y del que no hay demasiadas precisiones por parte del gobierno, pero debió ser el único legislador que no escuchó de boca de Lavagna ese pedido hace 15 días cuando el ministro se reunió con las cabezas de todas las bancadas para analizar la agenda parlamentaria de 2004.
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