La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad un proyecto que propone ampliar a los querellantes el Programa Nacional de Protección a Testigos, que rige actualmente, con el objetivo de preservar su seguridad ante situaciones de peligro.
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El debate del proyecto, que había sido presentado el año pasado, fue impulsado tras la desaparición de Jorge Julio López, quien testificó en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua, y se encuentra desaparecido desde hace más de un mes.
La iniciativa contaba con una preferencia para ser debatida en el recinto y fue aprobada por 173 votos favorables, tras lo cual fue enviada al Senado para su sanción definitiva.
Se trata de un proyecto de la diputada nacional del Peronismo Federal, Nora Chiacchio-, que busca proteger a los querellantes de una investigación judicial relativa a los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del sistema clandestino de represión.
Avance
La iniciativa fue defendida en el recinto por la diputada kirchnerista Rosario Romero, titular de la Comisión de Legislación Penal, quien destacó que «la desaparición de Julio López planteó la revisión del proyecto de Protección de Testigos» y sostuvo que se trata de «un avancepara perfeccionar ese sistema».
El proyecto amplía a los querellantes el Plan Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por la Ley 25.764 destinado a la protección de testigos e imputados en situaciones de peligro que hayan colaborado en investigaciones judiciales relativas a delitos relacionados con estupefacientes, hechos de terrorismo y secuestros extorsivos. A casi dos meses de su desaparición, a López se lo busca y está vigente una recompensa anunciada por Felipe Solá.
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