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18 de noviembre 2026 - 19:26

El Colegio de Abogados cuestionó la abstención argentina en la ONU por la violencia de género

La presidenta de la entidad, Alejandra García, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no acompañar una resolución que recibió el respaldo de 175 países. Argentina fue el único Estado latinoamericano que se abstuvo.

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El Colegio Público expresó su preocupación por la abstención argentina en la ONU frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de abstenerse en la votación de una resolución de la ONU destinada a prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

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La iniciativa recibió el respaldo de 175 países. La Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. “Resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio en una materia que compromete derechos humanos fundamentales”, subrayó García.

“La Argentina asumió obligaciones internacionales expresas en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, particularmente a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará. Estos compromisos obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas o a las prioridades políticas de los gobiernos de turno”, agregó la titular del Colegio Público.

La iniciativa recibió el respaldo de 175 países. La Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.

Grave violación a los Derechos Humanos

García, quien además es la primera mujer en presidir la entidad que nuclea a más de noventa mil matriculados, recordó que “la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una grave violación de los derechos humanos. Su prevención y erradicación requieren políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado”.

Además, hizo especial hincapié en señalar que “no se trata de una cuestión de preferencias políticas, sino de garantizar derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

“Las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia. La posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento”, advirtió.

Finalmente, desde el Colegio Público de la Abogacía porteño reafirmaron su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. “Frente a la violencia contra las mujeres y las niñas no hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad.

El Estado argentino tiene el deber de proteger sus derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional”, concluyó García, flamante consejera de la Magistratura porteña, electa en la jornada de ayer.

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