La COP31, que se desarrolla del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, concentra una agenda que excede las negociaciones tradicionales sobre reducción de emisiones. La posibilidad de limitar el calentamiento global, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, el financiamiento para enfrentar los impactos climáticos, la seguridad alimentaria y el papel de los gobiernos locales forman parte de una discusión que también alcanza a la industria, la construcción y el desarrollo de infraestructura.
12 de noviembre 2026 - 15:14
COP31 de Turquía: la crisis climática pone a prueba los compromisos globales y reabre el debate sobre energía, financiamiento y desarrollo
La cumbre climática de la ONU reúne advertencias sobre el aumento de la temperatura, propuestas para acelerar la transición energética y reclamos por más recursos para adaptación y seguridad alimentaria. Informes científicos plantean una hoja de ruta para volver por debajo de 1,5 °C.
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La discusión que atraviesa la COP31 muestra que la acción climática ya no se limita a los compromisos de reducción de emisiones. También involucra decisiones sobre energía, infraestructura, producción de alimentos, financiamiento y materiales.
En paralelo a las conversaciones entre los gobiernos, distintos organismos internacionales presentaron informes y propuestas para acelerar la acción climática. Climate Analytics advirtió que el mundo se encamina a superar de manera sostenida el límite de 1,5 °C y planteó una hoja de ruta para regresar por debajo de ese umbral hacia fines de siglo. El Programa Mundial de Alimentos (WFP) reclamó ampliar los mecanismos de financiamiento anticipado frente a sequías e inundaciones, mientras que coaliciones de ciudades y gobiernos subnacionales pidieron mayor participación en las decisiones y acceso a recursos para ejecutar sus planes.
La agenda también incorpora oportunidades económicas e industriales asociadas a la transición. La construcción con madera, la industrialización de materiales de origen biológico y la articulación entre políticas forestales, vivienda e infraestructura aparecen entre las alternativas para reducir el impacto ambiental de las actividades productivas.
Climate Analytics: cómo volver por debajo de 1,5 °C después de superar el límite
Uno de los principales documentos presentados durante la cumbre es el informe Sobrepaso climático: El camino de regreso por debajo de 1,5 °C, elaborado por Climate Analytics. El estudio sostiene que todavía es posible limitar la magnitud y la duración del sobrecalentamiento global y regresar a niveles inferiores a 1,5 °C para 2100, aunque advierte que el margen de acción se reduce y que los gobiernos deberán adoptar medidas de mayor ambición.
El escenario planteado por el instituto contempla que, mediante una combinación de políticas de reducción de emisiones, el calentamiento alcance un máximo de aproximadamente 1,7 °C hacia mediados de siglo, para luego descender a entre 1,2 °C y 1,3 °C en 2100. Para lograrlo, propone alcanzar las emisiones netas cero de gases de efecto invernadero durante la década de 2070.
La principal herramienta sería una eliminación gradual y rápida de los combustibles fósiles, comenzando por reducir su utilización a la mitad para 2035. El informe plantea que las energías renovables deben reemplazar al carbón, el petróleo y el gas en la generación eléctrica, mientras que la electrificación permitiría extender esa sustitución al transporte, los edificios y parte de la industria. Para determinados usos específicos, también considera necesario desarrollar combustibles sin emisiones de carbono, como el hidrógeno verde.
El paquete de medidas incluye mejoras de eficiencia energética, reducciones rápidas de las emisiones de metano provenientes de la energía, los residuos y la agricultura, restauración de ecosistemas, freno a la deforestación y ampliación de la captura y eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera.
“Los errores políticos del pasado han hecho que el sobrepaso de emisiones sea inevitable, y sus poblaciones y economías están sufriendo las consecuencias”, afirmó Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics y autor principal del documento. Sin embargo, sostuvo que la magnitud del calentamiento y el tiempo que el planeta permanezca en niveles peligrosos todavía dependen de las decisiones políticas.
El informe también advierte que volver a estar por debajo de 1,5 °C no eliminará los daños provocados durante el período de sobrepaso. Cada décima adicional de calentamiento aumenta la exposición a olas de calor, temperaturas extremas, elevación del nivel del mar y riesgos de puntos de inflexión en los sistemas naturales.
Entre las consecuencias potenciales, el estudio menciona la mortandad generalizada de arrecifes de coral, el derretimiento irreversible de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental y el riesgo de degradación de la selva amazónica, en combinación con la deforestación. También estima que, con un calentamiento de 1,7 °C, aproximadamente un tercio más de personas quedarían expuestas a olas de calor en distintos países que en un escenario de 1,5 °C.
La reducción de esos impactos tendría beneficios económicos y sociales, al limitar las necesidades de adaptación y los costos asociados a pérdidas y daños. El informe destaca especialmente la situación de los pequeños Estados insulares y los países menos adelantados, que ya enfrentan consecuencias desproporcionadas de los fenómenos climáticos extremos.
Presupuesto Global de Carbono: las emisiones siguen estancadas en niveles récord
La advertencia de Climate Analytics coincide con el diagnóstico de Bill Hare sobre el Presupuesto Global de Carbono 2026. Según el especialista, las emisiones mundiales de dióxido de carbono provenientes de combustibles fósiles muestran un escenario de estancamiento, no de descenso.
La proyección para 2026 anticipa una caída de apenas 0,4%, una variación que el investigador considera estadísticamente indistinguible de cero. Al mismo tiempo, el calentamiento observado alcanzó los 1,37 °C por encima de los niveles preindustriales en 2025. Con una tendencia de aumento cercana a 0,3 °C por década, el mundo se encamina a superar de manera sostenida el umbral de 1,5 °C hacia 2030.
Hare cuestionó el retroceso de las políticas climáticas en países como Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, y señaló que Australia, uno de los copresidentes de la COP31, continúa impulsando grandes proyectos de carbón y gas. El planteo pone en discusión la distancia entre los compromisos asumidos en las cumbres internacionales y las decisiones concretas de los gobiernos en materia energética.
Uno de los puntos de controversia es la propuesta de elevar la tasa de electrificación mundial al 35% para 2035. Para Climate Analytics, el objetivo resulta insuficiente si no incorpora de manera explícita el origen limpio de esa electricidad. “La palabra clave que falta en la propuesta es ‘limpio’”, advirtió Hare.
El argumento es que una mayor electrificación no garantiza por sí sola una reducción de emisiones si la electricidad adicional continúa generándose con carbón y gas. La transición requiere que el crecimiento de la demanda sea abastecido con fuentes de bajas emisiones y que la sustitución de combustibles fósiles alcance también a la industria y otros sectores donde el cambio todavía avanza lentamente.
El informe reconoce, al mismo tiempo, el aporte que ya realizan las tecnologías limpias: la energía solar, la eólica y los vehículos eléctricos compensan cerca de dos tercios del incremento de las emisiones asociado al aumento de la demanda energética. Sin embargo, ese avance todavía no alcanza para contrarrestar el uso persistente de combustibles fósiles.
Otro aspecto de la advertencia se relaciona con los sumideros naturales de carbono. Entre 2016 y 2025, los sumideros terrestres y oceánicos fueron, respectivamente, 19% y 8% menores de lo que habrían sido sin los efectos del cambio y la variabilidad climática. Esto implica que los ecosistemas están perdiendo parte de su capacidad para absorber el CO emitido por las actividades humanas.
El Niño y la seguridad alimentaria: el WFP reclama financiamiento antes de las emergencias
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP) llevó a la COP31 una advertencia sobre el impacto de los fenómenos climáticos extremos en la disponibilidad de alimentos. El organismo sostiene que la asistencia humanitaria tradicional ya no alcanza para responder a crisis cada vez más frecuentes, debido a que las comunidades afectadas tienen menos tiempo para recuperarse entre una sequía, una inundación o una tormenta.
El principal foco de preocupación es el fenómeno de El Niño. Los análisis del WFP proyectan que podría empujar a al menos 49 millones de personas adicionales a una situación de inseguridad alimentaria aguda para fines de 2027. Se espera que alcance su mayor intensidad entre octubre y diciembre de 2026, aunque sus efectos sobre las temporadas de siembra, las cosechas y los precios de los alimentos podrían extenderse hasta comienzos de 2028.
Los riesgos ya se observan en distintas regiones. La sequía afecta las temporadas agrícolas en el Corredor Seco de Centroamérica y en zonas del Sahel y África Oriental. África Meridional enfrenta amenazas sobre una temporada agrícola clave, mientras que las lluvias intensas y las inundaciones podrían impactar en el Cuerno de África y partes de América del Sur.
“El Niño intensificará esta presión, pero, dado que se puede predecir, tenemos la oportunidad de actuar antes de que se pierdan las cosechas y los medios de vida, y el hambre se instale”, afirmó Carl Skau, director ejecutivo adjunto y director de Operaciones del WFP.
La propuesta del organismo consiste en ampliar los mecanismos de financiamiento anticipado, que permiten liberar recursos antes de que un fenómeno pronosticado se convierta en una emergencia. El WFP utiliza herramientas como seguros, fondos de contingencia y sistemas de alerta temprana para asistir a las comunidades antes o inmediatamente después de un desastre.
Entre enero y septiembre de 2026, el organismo llegó a 4,9 millones de personas con alertas tempranas y brindó asistencia anticipada a más de 1,5 millones de personas frente a inundaciones, tormentas y sequías pronosticadas. Para esas acciones contó con u$s46,2 millones en fondos preacordados.
Sin embargo, el organismo advierte que estos mecanismos todavía representan menos del 2% del financiamiento humanitario mundial. Por eso, reclamó a los gobiernos reunidos en Antalya que amplíen los recursos previsibles, faciliten el acceso de los países afectados por conflictos e inseguridad alimentaria y fortalezcan los sistemas nacionales de prevención, gestión del riesgo y protección social.
CHAMP: ciudades y regiones buscan mayor participación en las decisiones climáticas
La COP31 también puso en primer plano el rol de los gobiernos subnacionales. La Coalición para las Alianzas Multinivel de Alta Ambición para la Acción Climática (CHAMP) reunió en Antalya a alcaldes, gobernadores y representantes regionales de distintos continentes para definir prioridades de cooperación y reclamar que las ciudades tengan mayor participación en las negociaciones internacionales.
Durante el encuentro se publicó la Declaración CHAMP COP31, elaborada conjuntamente por el Consejo Asesor Subnacional y el Grupo Directivo de la coalición. Se trata de la primera declaración conjunta de líderes nacionales y subnacionales de CHAMP sobre cómo traducir los compromisos climáticos en medidas concretas.
El documento plantea tres prioridades: fortalecer la gobernanza climática entre los distintos niveles de gobierno, impulsar alianzas para ejecutar políticas a escala local y ampliar el acceso al financiamiento. Entre otras propuestas, pide que la experiencia de ciudades y regiones sea incorporada en el Segundo Balance Mundial del Acuerdo de París y que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y los planes de adaptación puedan implementarse mediante acciones coordinadas.
La discusión parte de una realidad: buena parte de las medidas para enfrentar el cambio climático se ejecutan en el territorio. La adaptación de viviendas y edificios, la movilidad limpia, la infraestructura resiliente, la gestión del agua y la respuesta frente a temperaturas extremas dependen en gran medida de las capacidades de municipios y gobiernos regionales.
“Los objetivos climáticos solo tienen sentido si impactan positivamente en la vida de las personas”, sostuvo Antônio Da Costa, copresidente de CHAMP y asesor internacional principal del Ministerio de Ciudades de Brasil. Para el funcionario, las soluciones requieren que los gobiernos nacionales y subnacionales trabajen como socios y alineen sus objetivos con la implementación.
La declaración también reclama mecanismos que permitan conectar los proyectos locales con fuentes de financiamiento y mejorar la preparación técnica de las iniciativas. El alcalde de Chefchaouen, Marruecos, Mohamed Sefiani, señaló que el acceso al financiamiento climático para ciudades y regiones es una de las prioridades que los países deben abordar.
GCoM: el 58% de las ciudades tiene metas más ambiciosas que sus gobiernos nacionales
El liderazgo de las ciudades también quedó reflejado en el Informe de Impacto 2026 del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), presentado durante la COP31 en el marco del décimo aniversario de la alianza.
El documento señala que el 58% de los gobiernos locales adheridos, más de 8.000, estableció objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos que los de sus respectivos gobiernos nacionales. Otro 28% aspira a alcanzar sus metas antes que los gobiernos centrales.
Desde su creación en 2016, GCoM duplicó su tamaño y actualmente reúne a más de 14.000 ciudades y gobiernos locales, que representan a una de cada siete personas en el mundo. En conjunto, sus integrantes tienen potencial para reducir las emisiones anuales en 4,8 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente para 2050.
El informe registra cerca de 7.500 signatarios con planes de acción climática y más de 220.000 medidas de mitigación. También muestra un avance en la planificación: las ciudades con objetivos de cero emisiones netas y hojas de ruta para implementarlos pasaron de 211 en 2025 a 580 en 2026. Además, 3.078 gobiernos locales completaron evaluaciones de riesgos climáticos que abarcan aproximadamente a 735 millones de personas.
Entre los casos destacados aparecen Viladecans, en España, que impulsa la eficiencia energética y la rehabilitación sostenible de viviendas; San Luis Potosí, en México, que utiliza un atlas digital de riesgos para mejorar la prevención de desastres; y el condado de Kisumu, en Kenia, que trabaja en una hoja de ruta para alcanzar el 100% de energía renovable hacia 2050.
Sin embargo, el financiamiento continúa siendo uno de los principales obstáculos. De acuerdo con los datos de la Alianza para el Liderazgo en la Financiación Climática de las Ciudades citados en el informe, la financiación climática urbana anual alcanza los u$s831.000 millones, pero apenas el 1% se destina a adaptación.
La brecha es especialmente marcada en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, que reciben alrededor de u$s6.000 millones anuales, frente a necesidades estimadas en u$s147.000 millones por año para 2030.
GCoM destacó el trabajo conjunto con el City Climate Finance Gap Fund, que brindó apoyo a 452 ciudades de 63 países, respaldó 347 propuestas de proyectos climáticos y ofreció actividades de fortalecimiento de capacidades a más de 1.100 participantes. Uno de los casos mencionados es el de Bosnia central, donde la asistencia técnica para preparar proyectos permitió obtener u$s12 millones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para mejorar la eficiencia energética de 50 edificios públicos.
La alianza también subrayó el peso del Sur Global: allí vive actualmente el 61% de la población representada por sus signatarios, mientras que los municipios de menor tamaño constituyen el 83% de sus miembros. El desafío para la próxima década será convertir esa ambición local en proyectos financiados y resultados medibles.
Construcción con madera: la industria busca ganar espacio en la agenda climática
La COP31 también abrió espacio para debatir el impacto ambiental de la construcción y el potencial de los materiales de origen biológico. En ese escenario, la organización internacional Built by Nature impulsa iniciativas para promover el uso responsable de la madera en viviendas, edificios e infraestructura, con foco en la gestión forestal sostenible y el desarrollo de cadenas industriales capaces de abastecer una mayor demanda.
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) destacó que esta tendencia representa una oportunidad para la cadena forestoindustrial local. Argentina cuenta con recursos forestales, empresas madereras y capacidades técnicas que podrían contribuir a diversificar las soluciones habitacionales y ampliar el agregado de valor nacional.
La madera proveniente de bosques gestionados de manera responsable tiene características que la convierten en una alternativa para distintos sistemas constructivos: es un recurso renovable, almacena carbono durante su vida útil y puede utilizarse en procesos industrializados. Sin embargo, su aporte ambiental depende del origen de la materia prima, los métodos de producción, el diseño, la durabilidad y el ciclo de vida completo de cada edificio.
Built by Nature promueve los Principios para la Construcción Responsable con Madera y el Building for Forests Acceleration Plan, una iniciativa que busca fortalecer la cooperación internacional y acelerar la implementación de soluciones constructivas responsables hacia 2030.
El planteo es que no alcanza con disponer de materia prima. Para ampliar el uso de madera en la construcción se necesita articular las políticas forestales con las de vivienda, industria e infraestructura, además de desarrollar estándares técnicos, mecanismos de financiamiento, formación profesional y capacidad de fabricación.
En Argentina, FAIMA impulsa el desarrollo de la cadena de valor y destaca el trabajo del Instituto de la Construcción con Madera (ICM), concebido como un espacio para promover la capacitación, la investigación técnica y la difusión de estos sistemas constructivos.
Entre las alternativas se encuentran el entramado ligero, los paneles estructurales y los productos de madera de ingeniería. Su fabricación en entornos controlados puede mejorar la planificación, la precisión y los tiempos de ejecución, aunque los resultados dependen de las características de cada proyecto y del cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos.
Para la industria argentina, el desafío consiste en transformar el interés internacional en una demanda concreta, fortalecer la industrialización y generar condiciones para que los productos nacionales puedan competir en el mercado de la construcción.
La discusión que atraviesa la COP31 muestra que la acción climática ya no se limita a los compromisos de reducción de emisiones. También involucra decisiones sobre energía, infraestructura, producción de alimentos, financiamiento y materiales. La distancia entre los objetivos anunciados y su implementación efectiva, especialmente en los países y comunidades más vulnerables, sigue siendo uno de los principales desafíos de la agenda internacional.
