El Ejecutivo provincial será quien decida la venta de Aguas de Santa Fe

El justicialismo, para lograr la mayoría, sumó los votos de sus aliados del PPS (Partido Progreso Social) y Ucede, en tanto que la oposición contó con los sufragios del ARI, radicalismo, socialismo y los demócratas progresistas.

La semana pasada este mensaje había sido aprobado, sobre tablas, por el Senado luego de que el ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, concurriera a la Legislatura a explicar el proyecto a los integrantes del bloque oficialista.

En la sesión extraordinaria de hoy, que se prolongó durante mas de cinco horas y media, el diputado Mario Lacava, jefe de la bancada justicialista, fue el defensor del mensaje oficial.

"Es una solución concreta a un proceso de fuertes negociaciones que tuvo el Ejecutivo con Aguas Provinciales, una empresa que durante mucho tiempo exigió lo que, a juicio del gobernador Obeid, no se estaba en condiciones de dar", dijo.

Añadió que "a partir de 2001 hubo una fuerte crisis en la Argentina que desequilibró los bolsillos de los ciudadanos y los aspectos jurídicos y financieros de todos los contratos".

"Ahora, al producirse una reactivación económica, es el momento de readecuar los contratos a las nuevas condiciones", afirmó.

Luego aseguró que "no podía la concesionaria pretender mayores ingresos cuando el usuario tenía totalmente deteriorado el suyo.

Ahora que los usuarios han ido recomponiendo sus ingresos, es posible, como lo plantea la readecuación del contrato por parte del Ejecutivo, una reestructuración y una recomposición de los ingresos de la empresa".

"Esta solución que se propone se ajusta estrictamente a una posibilidad concreta de reiniciar un contrato de concesión que por la vía de la crisis estaba prácticamente sin vigencia", aseguró.

Seguidamente resaltó que "si por alguna razón, la transferencia de acciones entre privados no se realiza, la norma faculta al Poder Ejecutivo a hacerse cargo del servicio y a discutir con los actores involucrados la futura etapa".

"El Ejecutivo solicitó amplias facultades para actuar en la emergencia y la situación justifica que se le otorguen dichas facultades", agregó.

De esta manera, se abrió la puerta para que la empresa Sociedad Alberdi Aguas SA, junto a su asociada Passavant de España, adquiera las acciones del Grupo Suez, que tenía a su cargo la concesión de agua y cloacas, que presentaron antecedentes que conformaron al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly y al propio gobernador Obeid.

La oposición se hizo escuchar a través del socialista Raúl Lamberto, quien fundamentó su voto en contra en base a que "los trabajos anteriores de la empresa Alberdi dejan mucho que desear".

"Presenta como antecedentes ser fabricante de cerámicas, mayorista de distribución de cosméticos y productor agropecuario.

No tienen experiencia en el suministro del servicio sanitario por redes, que es un requisito sustancial para hacerse cargo de la operación", manifestó.

También dijo que la vinculación con el grupo Passavant no es de socios.

"Hay entre las partes -explicó- un contrato de servicios donde los españoles se comprometen a colocar algún personal especializado en la prestación del servicio.

Es un contrato absolutamente revocable que se lo puede hacer con apenas 60 días de anticipación".

"Passavant no será integrante de la sociedad ni responsable de lo que suceda con el servicio de agua. Se le está vendiendo el paquete accionario a alguien que no tiene experiencia y que no reúne los requisitos" legales, concluyó.

Cabe consignar que ayer organizaciones no gubernamentales, autoridades municipales y legisladores provinciales participaron de una asamblea pública que trató la reprivatización del servicio de provisión de agua potable y colección de líquidos cloacales.

Todas las partes convinieron en rechazar el proceso reprivatizador iniciado por Ejecutivo y ratificado, a libro cerrado, por el oficialismo en la Cámara de Senadores.

Los integrantes de la asamblea indicaron que dicho rechazo "se realiza tanto en lo referente a la reprivatización ilegal, inconsulta e ilegítima del servicio, como al otorgamiento de superpoderes a los mismos responsables que fracasaron estrepitosamente en la implementación de una privatización típicamente coherente con las prácticas de los años 90".