La orden fue terminante: no reunir el Congreso hasta que no pase el peligro de recibir nuevos sofocones en los recintos. Es la idea que ahora tiene el gobierno sobre la marcha legislativa de aquí hasta las elecciones. Lejos parece haber quedado la idea de mostrar un Congreso activo y sancionando leyes complejas, todo un gesto de trabajo duro en medio de las campañas. Pero apareció Skanska en el horizonte cercano kirchnerista y todo cambió. En las últimas dos sesiones, tanto en el Senado como en Diputados, aunque no se haya tomado ninguna decisión en torno a los dos escándalos que más golpean al Congreso -seguridad aérea y el caso de las supuestas coimas en torno a la obra pública y la empresa sueca-, el kirchnerismo tuvo que soportar duros embates de la oposición, transmisión televisiva incluida.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Tres conflictos marcaron el nivel de exposición al que quedó sometido el gobierno en el Congreso la semana pasada. Fueron la última señal que recibió el gobierno para decidir que con los escándalos de Skanska, los radares, la seguridad aérea, la crisis en el sistema de transporte y las acusaciones sobre la falta de control en los subsidios, el Congreso se había convertido en un lugar inseguro como para funcionar en tiempos de campaña.
Debió entonces Kirchner cambiar momentáneamente su estrategia inicial. El gobierno quería mostrar a un Parlamento funcionando en medio de todo el proceso electoral, para acompañar de esa manera la tranquilidad que el discurso presidencial pretende imponer. Inclusive, algunos proyectos clave habían comenzado a apurarse en la Casa de Gobierno, como la definición de la nueva empresa estatal que controlará el sistema ferroviario, un símil del RENFE español con algunos ingredientes del francés SNCF, en su capacidad de contratar con privados la operación de esos servicios.
Pero la vidriera que da el Congreso a la minoría, aunque no sea consiguiendo leyes porque el oficialismo impone su mayoría, es demasiado peligrosa para el gobierno.
Los tres episodios que debió vivir el gobierno en el Congreso demostraron, además, la impericia con que el kirchnerismo está haciendo política en el Congreso por estos días, dato que no deja de preocupar a las cabezas de los bloques y de las principales comisiones. Por ejemplo, extrañan cada día más las épocas en que, por lo menos, recibían alguna comunicación desde el gobierno, alguna explicación o directiva que exceda las órdenes formales, casi militares que ahora les llegan.
En el Senado, Nilda Garré quedó expuesta a la oposición la semana pasada durante una citación a la Comisión de Defensa, un acto que pudo convertirse en una virtual interpelación a la ministra. Sólo una senadora del kirchnerismo estuvo presente: María Cristina Perceval, presidenta de la Comisión de Defensa y posible sucesora de Garré en un eventual gobierno de Cristina Kirchner. De no ser por ese acompañamiento, la ministra no hubiera tenido siquiera quién le sirviera un vaso de agua. Nadie la defendió. Enfrente, los senadores del radicalismo, provinciales y socialistas fueron implacables en cuanto a la política oficial sobre radares, las mentiras y verdades de la seguridad aérea y el mantenimiento de aeronaves militares.
Se le llegó, inclusive, a sugerirla renuncia en dos ocasiones durante ese encuentro. Nunca un gobierno permitió un trato así a un ministro, a menos que pensara sacárselo de encima. Y no fue por falta de senadores en el Palacio: a pocos metros, unos 15 oficialistas se apuraban a marchar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para festejar el regreso de Cristina y de las reuniones de esa comisión.
El miércoles pasado, otro hecho inusual conmocionó al Senado. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el manejo de subsidios y fondos destinados a los concesionarios de ferrocarriles había llegado al recinto para su aprobación. No era un hecho nuevo: en realidad, la AGN describía allí las irregularidades detectadas entre 2003 y 2004. El kirchnerismo pudo haber evitado la sesión, pero no lo hizo. Así, potenciado por la crisis de los trenes de las últimas semanas, ese informe se convirtió en un escándalo, al punto de que la primera dama sólo aceptó pasar unos minutos por el recinto para no quedar en medio de ese tsunami político que aprovechó la oposición.
En Diputados la situación no fue mejor. El ARI y el macrismo pretendían insistir el miércoles pasado con un pedido de juicio político a Julio De Vido por el caso Skanska. Aunque esa exigencia hubiera naufragado, el oficialismo debía soportar otro debate sobre corrupción. La decisión también fue cancelar.
Dejá tu comentario